Este 15 de noviembre se realizó la última jornada de audiencias públicas que impulsa la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más. Esta iniciativa de la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Angélica Porras, busca establecer los patrones de persecución política que se emplearon durante el gobierno de Rafael Correa.
Previa la instalación de las audiencias, la vocal Porras, en rueda de prensa, explicó que estas comparecencias han permitido determinar algunos mecanismos que utilizó el régimen anterior para perseguir a sus detractores.
Aseguró que se evidencia la existencia de una serie de violaciones al debido proceso, calificación tardía de flagrancias, detenciones ilegales y arbitrarias sin la orden del juez, cambio injustificado de jueces, de fiscales y de audiencias, múltiples procesos judiciales sobre un mismo caso, excesiva rapidez en los procesos y sanciones pecuniarias muy altas.
La vocal sostuvo que a las autoridades del gobierno anterior solo les bastaba enviar un mensaje al sistema judicial, para que este responda con un juicio o con la detención de los opositores del régimen.
Afirmó que “en muchos casos el sistema de justicia inició procesos con tipos penales muy graves: terrorismo, plagio, extorsión, sabotaje, resistencia”. Manifestó que quienes participaron en varias protestas pudieron haber cometido alguna infracción y; sin embargo, se les acusó de terrorismo.
El informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia se presentará el 10 de diciembre y a finales del mismo mes, estará listo el documento definitivo.
Paúl Jácome, presidente de la Mesa, explicó que se realizaron 26 audiencias públicas y dos reservadas y que en total se receptó el testimonio de 63 víctimas.
Este jueves presentaron la versión de sus casos: la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, los 10 de Luluncoto, los involucrados en el 30 de septiembre de 2010 (30-S), los Tres de Chimborazo, entre otros, quienes durante el gobierno anterior, fueron acusados de varios delitos.
Mery Zamora, fue procesada por el delito de terrorismo y sabotaje por haber invitado a los estudiantes de un colegio de Guayaquil a salir a las calles durante la revuelta policial del 30-S.
El fiscal que llevó este caso concluyó que la señora Zamora no cometió ningún delito y solicitó el archivo de la causa. El juez Quinto de Garantías Penales del Guayas dispuso el archivo del expediente en su contra.
No obstante, en 2011 se dispuso la reapertura del caso y el 12 de junio de 2013 el Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas la declaró culpable del delito de tipificado y reprimido en el artículo 158 de Código Penal, imponiéndole una pena de 8 años de reclusión y una multa de 87 dólares.
En 2014, en Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró su inocencia, decisión que luego fue ratificada por la Corte Constitucional.
En esta jornada también se presentó el caso denominado Los 10 de Luluncoto que involucró a Luis Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Víctor Vinueza, Pablo Castro, Fadua Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago Gallegos y César Zambrano, quienes en 2012 fueron detenidos y procesados por tentativa de organización terrorista, sin que existan las pruebas correspondientes.
Según se ha determinado en las investigaciones, su detención se produjo sin que se cumplan los requisitos legales, entre ellos, las órdenes de prisión dictadas por un juez.
La mayoría de ellos cumplieron una pena de aproximadamente un año de prisión y posteriormente, el 7 de junio de 2016, los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en audiencia de casación resolvieron declarar extinta la pena para las personas procesadas por este tema.
La Mesa también escuchó el testimonio relacionado con el caso Radio Patrulla, por el que varios policías fueron acusados de utilizar de manera inadecuada los equipos de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC), durante los eventos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
Adicionalmente, se analizó el caso de Bolívar Ruiz, coronel de Policía en servicio pasivo, quien tras los eventos del 30-S fue acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.
Luego de las investigaciones preliminares no se determinó responsabilidad contra él por lo que en el año 2012, se le otorgó el sobreseimiento provisional. No obstante, en enero del 2014, se lo vinculó al proceso y se ordenó su detención. En agosto, se lo sentenció a 3 años de prisión, pena que cumplió en su totalidad en la cárcel 4 de Quito.
Hasta el 28 de octubre de 2018, se registraron 1435 fichas ingresadas a través del sistema que el Consejo de la Judicatura habilitó para que los ciudadanos presenten sus denuncias de persecución política.
El CJ se encuentra tabulando los datos para identificar los casos que efectivamente corresponden a persecución política, y por lo tanto, serán objeto de análisis de la Mesa.
Las audiencias públicas realizadas el 5, 12, 15 de noviembre de 2018 se encuentran en portal del Consejo de la Judicatura, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2RUpSwE.