El Consejo de la Judicatura (CJ) recibió, este miércoles 29 de julio de 2020, una donación de equipos informáticos por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés).
La donación de los mencionados equipos (20 computadores laptop) permitirá reforzar el trabajo de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del CJ, en cuanto a la investigación de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.
El acta de entrega – recepción de la donación fue firmada por la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado; el Director General de la institución, Pedro Crespo; y, el Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, de la Embajada de Estados Unidos, Ory Abramowicz.
Asimismo, las autoridades del CJ y el Director de la Pan American Development Foundation (PADF), Andrés Ormaza, suscribieron un convenio de cooperación para el fortalecimiento institucional de la lucha contra la corrupción, como parte del proyecto general que financia INL para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Justicia Penal contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), implementado con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.
En su intervención, la Presidenta del CJ expresó su agradecimiento a la INL y a la PADF, por su apoyo permanente a la lucha contra la corrupción y al proceso de reinstitucionalización de la Función Judicial, por medio de asistencia técnica para la formación de jueces en este ámbito.
La doctora Maldonado aseguró que, tanto la donación como el convenio, implican un compromiso compartido entre el CJ, la agencia INL y la PADF, para lograr avances significativos en la construcción de un servicio de justicia para la paz social.
“Estamos dispuestos a dejar nuestras mejores competencias, nuestros más sinceros y profundos compromisos, conscientes de que solamente lograremos un real y efectivo servicio de justicia a través de la lucha contra la corrupción”, indicó.
En el marco del acuerdo, se realizarán actividades destinadas al desarrollo de programas académicos de formación continua, perfeccionamiento profesional y cursos abiertos de capacitación a nivel nacional, dirigidos a las y los servidores de la Función Judicial, abogados y abogadas en libre ejercicio profesional, estudiantes de la carrera de Derecho, así como operadores y usuarios del sector justicia.
Las actividades se enfocarán en las temáticas de litigación oral; análisis estratégico y variables de contexto; evidencia digital; prueba indiciaria; y, lavado de activos y delito precedente. De igual forma se cumplirán tareas de acompañamiento técnico en investigaciones internas del CJ.
“La lucha contra la corrupción es nuestra prioridad. Nuestra misión es institucionalizar la transparencia”, afirmó la Presidenta del CJ.
De su parte el Director de la INL, Ory Abramowicz, sostuvo que la cooperación internacional se constituye en una herramienta para luchar contra la criminalidad y la corrupción. Consideró que con la donación de equipos informáticos se fortalecen las capacidades tecnológicas para construir un Ecuador más transparente. “Cuenten con nosotros como sus aliados para luchar contra el crimen”, señaló.
En tanto, el Director de la PADF, Andrés Ormaza, destacó el trabajo coordinado con el CJ en la capacitación de operadores de justicia. “Trabajar con y para la justicia es trabajar por una sociedad mejor. Es la administración de justicia la llamada a cerrar las brechas sociales, a superar las desigualdades y a consolidar el principio de legalidad”, sostuvo.
Finalmente, el Director General del CJ, Pedro Crespo, reiteró que con la donación de equipos informáticos y la suscripción del convenio se fortalecerá la lucha contra la corrupción. Además, indicó que este acuerdo es un paso más en el trabajo colectivo en beneficio de la ciudadanía, la justicia y la paz social.
El convenio, que fue suscrito en el marco del primer y segundo ejes de gestión del CJ, Lucha contra la corrupción y Fortalecimiento Institucional, a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, tendrá una duración de dos años y podrá ser extendido por mutuo acuerdo de las partes. (Boletín)