Horas antes de que termine el plazo, cinco jueces de la Corte Constitucional (CC) aceptaron su participación en la evaluación que lleva el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio.
Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura y Ruth Seni fueron los últimos en presentar sus informes de gestión y se sumaron a Roxana Silva y Manuel Viteri Olvera, quienes lo hicieron el 17 de mayo del 2018. Alfredo Ruiz (presidente) y Pamela Martínez (vicepresidenta), en cambio, solicitaron un plazo extra de siete días, que en ambos casos fue aceptado por el órgano temporal.
Ellos deberán hacerlo hasta el miércoles 30 de mayo. El Mandato de evaluación que aprobó el Consejo transitorio estipula que los funcionarios sujetos a este procedimiento, que no cumplan con la entrega de información dentro del plazo, serán declarados en desacato y cesados.
Esa figura ya fue aplicada una vez. Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo, decidió no someterse a la evaluación y no presentó su informe. Por unanimidad, los consejeros declararon la terminación anticipada de su período. En el caso de la Corte Constitucional, la participación de los jueces estaba en duda por el tiempo que se tomaron para responder.
Y porque habían anunciado que se pronunciarían “con altura” sobre este proceso, pero ese pronunciamiento nunca se hizo público. Incluso, dentro del Consejo Xavier Zavala estuvo en contra de iniciar la evaluación, porque consideraba que el Cpccs no es el órgano nominador de los magistrados y por lo tanto no estaba dentro de sus facultades transitorias.
En medio de la evaluación, la Corte Constitucional inició el proceso para la renovación de tres jueces del organismo. Hasta el viernes, 18 de mayo, las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia debían enviar sus delegados para conformar la comisión para esa selección.
Personal de comunicación de la Corte confirmó que ninguna entidad presentó nombres de sus representantes. La reunión de la función de Transparencia, que había sido convocada para el tema, no se instaló por falta de quórum. Christian Cruz, superintendente de Bancos y titular de esa función, informó que el viernes se le envió una respuesta formal a la CC, explicando este inconveniente y que, por tanto, “no se podrán enviar los nombres”.
Horas antes de la cita, Pablo Celi, contralor subrogante y miembro del frente de Transparencia, había indicado que esa diligencia no se podía cumplir porque no se puede nombrar una comisión para nombrar a los reemplazos de funcionarios que están siendo evaluados por el Cpccs.
La Asamblea Nacional informó este viernes, 18 de mayo del 2018, que se abstiene de designar a sus delegados mientras no termine la evaluación, esto en vista de la decisión de la Función de Transparencia. El Ejecutivo, en cambio, no explicó las razones para no haber confirmado a sus delegados.
Tribunal falló a favor del Consejo Transitorio Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo, pidió al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que dejase sin efecto la terminación anticipada de su período, que fue determinada por el transitorio. El exfuncionario no entregó la información solicitada por el Consejo y fue declarado en desacato y lo cesaron.
El 18 de mayo, el Tribunal declaró improcedente el amparo de protección presentado por el exdefensor. La instancia consideró que el Cpccs recibió un mandato del pueblo para evaluar a autoridades y que Rivadeneira no se sometió a dicha evaluación por decisión personal, y que con su cesación no hubo vulneración de derechos constitucionales ni incumplimiento del debido proceso. (El Comercio)