Un juez multicompetente de Flavio Alfaro, en Manabí, aceptó el último viernes la acción de protección presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de ese cantón contra el Ministerio de Economía y Finanzas.
La acción de protección se emitió porque existe una vulneración de los derechos constitucionales por parte del Ministerio al dejar de transferir las asignaciones mensuales que corresponde al municipio por el proporcional de junio y los meses de julio y agosto de 2020 por la suma 1 045 731,14 dólares.
Camilo Palomeque, procurador síndico del GAD, expresó que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de transferir las asignaciones que por ley le corresponden al Municipio incumplió expresas disposiciones constitucionales y legales que se refieren a la obligación del Gobierno Central de transferir estos fondos que son parte del patrimonio municipal, «así como aquellas disposiciones que se refieren a la autonomía municipal en la que se sustenta la prohibición en el sentido de que ninguna autoridad puede menoscabar las rentas y recursos que corresponden a los gobiernos municipales; con lo cual y como consecuencia de haber inobservado estas disposiciones, el Ministerio de Economía y Finanzas vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador», dijo.
Jaminton Intriago Alcívar, alcalde del cantón, manifestó que por el incumplimiento del pago de las asignaciones mensuales al GAD tiene consecuencias como el no pago de los haberes a los empleados de la entidad.
«La falta de recursos provocada por el incumplimiento de pago de las asignaciones nos impide prestar adecuadamente los servicios públicos de recolección de basura y limpieza de calles y avenidas, debido a que ya no podemos cancelar los compromisos, contratos y convenios de pago para la provisión de combustible y lubricantes, lo que ha significado el cierre de estas prestaciones y que la maquinaria municipal prácticamente se encuentre paralizada; causando insalubridad y grave contaminación en el cantón», señaló.
El juez multicompetente en la audiencia mediante sentencia declaró la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica y del derecho constitucional al buen vivir. Como medida de reparación integral, dispuso que en término de 5 días el Ministerio pague a favor del Municipio los valores adeudados. (I)
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