Los seguimientos a las llamadas telefónicas que realizaba el cabecilla de una organización narcodelictiva en México revelaron los nexos que tenía en el cantón manabita de San Vicente. Además, mostraron cómo vulneraron a una fiscal y a una jueza de esa provincia.
Según los expedientes, la idea de la red delictiva fue que los dos funcionarios judiciales “ayudaran” a nueve narcos que enviaban droga a México.
A través de las llamadas interceptadas, los agentes detectaron cómo el jefe de la mafia ordenaba a dos de sus colaboradores en Guayaquil para que ofrecieran USD 300 000 para la fiscal y la jueza.
Ahora, ambas están vinculadas por la justicia.
La fiscal fue capturada el 31 de enero de 2018, por el delito de asociación ilícita. Junto a ella fueron arrestadas las dos personas que ofrecieron el dinero y otros tres sospechosos, entre los que constan dos funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, en Manta.
Estos últimos son señalados porque presuntamente permitieron, en diciembre del 2017, la salida de la avioneta Cessna de colores blanco y azul, que llevaba 582 kilos de cocaína.
En mayo de este año la Fiscal pagó una fianza de USD 4 632 y quedó libre. Pero actualmente sigue como procesada hasta que un Tribunal Penal determine su estado de culpabilidad o inocencia. Lo que está pendiente ahora es que los jueces convoquen a la audiencia de llamamiento a juicio.
La jueza, en cambio, fue vinculada al proceso en abril de este año. Los agentes la investigan porque el 22 de diciembre del año pasado, y luego de un pedido planteado por la fiscal procesada, realizó la audiencia para reformular cargos en contra de los nueve detenidos.
Cambio de delito
En esa diligencia, la jueza cambió el delito de tráfico de drogas por producción de narcóticos. Según el Código Penal, la sanción por tráfico de alcaloides (en gran escala) es penado con cárcel de 10 a 13 años.
En cambio, quienes producen drogas pueden ir a la cárcel de siete a 10 años.
Ese cambio de delito les permitía a los capturados acogerse al proceso abreviado y obtener penas mínimas.
Además, la fiscal que ahora es procesada presentó un testigo que aseguró haber contratado a los detenidos para llevar gasolina a la Amazonía y “producir cocaína en un laboratorio”. La interceptación de llamadas demostró que este testigo era falso. Además, en la avioneta no se encontró gasolina, sino solo droga.
Las investigaciones determinaron que las negociaciones entre la organización delictiva y la fiscal encargada de pedir a la jueza que se cambie el tipo de delito se realizaron telefónicamente, cuatro días después de que se detuviera a los sospechosos. En el expediente, una perito señala que en el teléfono de uno de los procesados se hallaron fotografías que demuestran papeles escritos a mano, con cantidades monetarias y los nombres para quienes iban dirigidos esos valores.
La defensa
Dentro del expediente judicial, el abogado de la fiscal indagada sostiene que la Policía no ha podido determinar el dinero que habrían entregado a su cliente. El abogado de la jueza, en cambio, dijo que su defendida solo “actuó de acuerdo con el pedido de la fiscal”.
Esa es la única versión que aparece en el expediente judicial. Este Diario intentó contactarse con la fiscal, con la jueza y con sus abogados, pero no respondieron a sus correos.
La audiencia pendiente
Desde que comenzó la investigación en contra de la fiscal y la jueza, el proceso se ha dilatado en 10 ocasiones.
Es decir, las fechas de la audiencia preparatoria a juicio han sido postergadas por parte de la defensa de las funcionarias judiciales. Los abogados han remitido oficios excusándose por varios motivos.
El expediente detalla, por ejemplo, que el abogado de la jueza tuvo que ausentarse del país y viajar a España por “motivos académicos”.
Otra audiencia fue diferida porque la defensa de uno de los nueve detenidos no admitió todos los hechos atribuidos por los agentes de la Fiscalía y aseguró que su defendido tuvo un problema mental.
La defensa de otro sospechoso alegó no poder asistir a la audiencia por encontrarse internado en una casa de salud.
En otra ocasión, el abogado de la jueza también tuvo un viaje a República Dominicana, según consta en los archivos.
En medio de todos estos hechos, el caso fue archivado en agosto pasado y se reabrió dos meses después, en octubre.
Otro motivo por el que no se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio es que los jueces de Manabí y Guayas han desistido de tomar el caso. Los cerca de 1 043 folios del caso se trasladan entre ambas provincias.
Según el alegato de un juez de Manabí, la audiencia a llamamiento a juicio debe llevarse en Guayaquil, debido a que las llamadas telefónicas se hicieron en esa ciudad. Además, dice que en esa jurisdicción se detuvo a las dos personas.
En cambio, el juez de la Corte Provincial del Guayas rechaza el caso porque la fiscal y la jueza involucradas son de Manabí. Hasta el 8 de noviembre, el caso reposaba en Guayaquil.
Las autoridades aún no definen fecha para la audiencia en la que se sabrá si un tribunal llama o no a juicio a ambas funcionarias judiciales.
En contexto
El 2 de diciembre de 2017, agentes antinarcóticos detectaron una avioneta que pretendía transportar 580 kilos de cocaína a México. Las investigaciones posteriores a este caso permitieron vincular y procesar a una fiscal y a una jueza, de San Vicente (Manabí) por presunta asociación ilícita. (El Comercio)