El que la delincuencia organizada sea un delito que no puede ser juzgado en ausencia hace que el proceso judicial contra el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jorge Jalil, ambos prófugos y acusados de ser autores del delito investigado, se interrumpa hasta que ellos sean detenidos por la Policía o comparezcan voluntariamente.
Ayer, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Rodríguez resolvió llamar a juicio a Azuero, Jalil, Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz. Lo hizo luego de nueve días de análisis a los elementos presentados por la fiscal general, Diana Salazar, para acusar a siete personas de estar relacionados con la organización criminal que se formó para manejar de forma ilícita dineros provenientes de la adjudicación de proyectos como el hospital de Pedernales de 30 camas.
Rodríguez acogió parcialmente el dictamen acusatorio de Salazar, pues al «no existir elementos de convicción suficientes» lo correcto para él era dictar un auto de sobreseimiento para Miguel Ganchozo y José Párraga. Para los dos se revocaron las medidas de orden real y personal, por lo que se giraron las boletas de excarcelación respectivas.
Azuero, Jalil, Calderón, Cruz y Véliz fueron señalados como autores directos del delito y se les ratificaron las medidas cautelares que han sido dictadas relativas a la prisión preventiva y a las de carácter real. Para todos se sumó la disposición de retención de cuentas, acciones y participaciones y la prohibición de enajenar bienes por $ 8 millones.
En la resolución, el juez Rodríguez mencionó que existen suficientes elementos de convicción que desvirtúan que el exasambleísta por Manabí Daniel Mendoza fue el único líder de la organización y más bien señalan que Azuero junto a Mendoza estuvieron al mando de la estructura. Daniel Morales, abogado de Azuero, cuestionó se llame a juicio a su cliente a base de audios editados entregados por Mendoza.
El 9 de noviembre último, en este mismo caso se sentenció a Mendoza, luego de una audiencia de procedimiento abreviado de un acuerdo de cooperación eficaz, a cuatro años y dos meses de cárcel. La Fiscalía lo ubicó como líder de la organización.
Dentro del análisis hecho por el juez, sobre Jalil existirían graves presunciones de que él planificaba actividades de la organización, lo cual se habría evidenciado a través de sus funciones en el Secob, en las que, entre otras cosas, habría recomendado a varios funcionarios que mantuvieron relaciones con la compañía que estaba a cargo de la fiscalización de la obra en Pedernales.
La defensa de Jalil, Jorge Luis Ortega, dijo estar sorprendido con la decisión, más aún cuando, explicó, esta se dio sin ningún tipo de análisis o profundidad sobre cada uno de ellos o sobre cómo ellos se relacionan entre sí. Para él la justicia vive días nefastos y cree que es el momento oportuno para discutir una reforma en cuanto a la posibilidad de que los juicios sean por jurados.
Ortega plantea que si la Fiscalía quiere un juicio justo y saber la verdad debe dar paso a la sustitución de la prisión preventiva contra su cliente, para que él pueda presentarse en juicio y en audiencia establezca su inocencia.
«Los elementos de convicción que presentó la Fiscalía no se compadecen en absoluto a la participación que dice tuvo Jorge Jalil en este delito. (…) Es la Fiscalía la que debe romper esa presunción de inocencia a través de pruebas legítimamente actuadas, verificadas, corroboradas y comprobables y si esto no existe se debe ratificar su inocencia. Es por esto que personas inocentes como Jorge Jalil lastimosamente deben buscar un buen recaudo, porque se ven amenazadas por una justicia injusta y por una justicia arbitraria», indicó Ortega. (El Universo)