El levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y a la exlegisladora oficialista Norma Vallejo, forman parte de las prioridades de la Asamblea.
De acuerdo con el cronograma establecido se prevé que el tratamiento de ambos temas ocurra durante la primera quincena de enero del 2019.
Ambas afrontan denuncias de cobros indebidos a sus asesores cuando formaban parte de la Asamblea. Para que se pueda iniciar el proceso penal es necesario que la Asamblea, a través de una votación con las dos terceras partes de legisladores, autorice el enjuiciamiento.
Los pedidos de la justicia reposan en el Parlamento desde el mes pasado. Vicuña se vio obligada a dejar la Vicepresidencia de la República el 4 de diciembre pasado, luego de que su exasesor Ángel Sagbay la acusara de exigirle parte del sueldo cuando ella se desempeñaba como asambleísta entre 2012 y 2014.
Por su parte, Vallejo fue destituida del cargo el 13 de noviembre, luego de que una Comisión Multipartidista elaboró un expediente en su contra por haber gestionado un cargo público, aunque también la Fiscalía la investiga por supuestos cobros ilegales a sus excolaboradores.
La presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, reiteró este jueves 3 de enero del 2019 su respaldo a las investigaciones que adelanta la Fiscalía para que esas prácticas no se reediten.
Eso en momento que apareció una nueva denuncia que salpica a la legisladora Ana Galarza (Creo). Galarza, sin embargo, se desmarcó de esas acusaciones y consideró que grupos involucrados en corrupción pretenden provocar una «conmoción social» en busca de la llamada «muerte cruzada».
«La muerte cruzada consiste en que se llegue a una grave crisis institucional, una conmoción social, a tal punto que el presidente no pueda más, que se le vaya el país de las manos, que no esté en su capacidad, y disuelva a la Asamblea», dijo.
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