Rosa Montachana y Zoila Maisanche, abuela y tía, en su orden, del adolescente que permanece internado con quemaduras en el hospital Ambato, negaron el miércoles que él haya participado en el supuesto robo que originó que pobladores de la parroquia Constantino Fernández, en el noroccidente de Ambato, lo agredieran a él y a un adulto. El martes, una turba los amarró a un poste y les prendió fuego luego de que ser señalados por intento de robo en una vivienda.
Maisanche comentó que lograron desatar a su sobrino porque había sido amarrado con tiras de plástico. Comentó que él corrió con llamas en el cuerpo y que luego paramédicos lo llevaron en ambulancia al hospital.
“Los gritos pidiendo auxilio de mi sobrino y de la otra persona fueron desgarradores”, expuso la mujer, que lamentó no haber podido liberar al otro sujeto, de 27 años, que murió quemado. “Lo amarraron con alambre por la cintura”, dijo.
Montachana, la abuela del adolescente, dijo que el hombre recién había llegado a vivir al sector junto con su conviviente y que tenía una hija que no tenía ni dos meses de nacida.
En Ambato, el fiscal de Tungurahua, Édison Villegas, señaló que investigan el caso para dar con los responsables del hecho violento. Dijo que la justicia indígena está constitucionalmente permitida y que es aplicable respecto a controversias o conflictos de tipo vecinal. Remarcó que no es aplicable en delitos de acción penal pública, que es a la Fiscalía a la que le compete conocer, investigar, acusar y promover juicio.
Galo Vinueza, director médico del hospital General Docente Ambato, comentó que el adolescente ingresó a las 10:50 del martes con quemaduras en el 54% del cuerpo y que permanece en terapia intensiva.
En Posorja está pendiente reconstrucción de los hechos
Luego de que en Posorja el 16 de octubre de 2018, una turba sacara a dos hombres y una mujer de un retén policial para golpearlos hasta causarles la muerte, la Fiscalía programó para el 9 de noviembre la diligencia de reconstrucción de los hechos. El acto fue suspendido por la ausencia de al menos dos defensores públicos de los procesados.
El día del linchamiento, pobladores de la parroquia guayaquileña señalaron a los dos hombres y a la mujer como robaniños. No obstante, la Policía los mantenía en custodia por el robo a dos mujeres de dos teléfonos y $ 230.
Los habitantes atacaron con bombas molotov a los uniformados, para luego sacar a los detenidos y golpearlos hasta provocarles la muerte.