La noche del 21 de marzo de 2026 dejó una nueva señal de alarma en la parroquia Picoazá, en Portoviejo, donde un ataque armado no solo hirió a tres personas, sino que evidenció un patrón cada vez más preocupante: la exposición directa de niños a hechos violentos en zonas residenciales.
El incidente ocurrió cerca de las 22h37, en un sector habitado donde vecinos compartían fuera de sus viviendas. Entre ellos se encontraba un niño de siete años que terminó herido en medio de una balacera perpetrada por sujetos desconocidos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar advertencia, los atacantes dispararon contra el grupo y huyeron, dejando tras de sí pánico, indignación y varias evidencias balísticas.
Más allá del número de víctimas —dos adultos y un menor—, el hecho ha generado inquietud por la naturalización de este tipo de ataques en espacios cotidianos. Para los habitantes del sector, la calle ya no representa un lugar seguro, ni siquiera para actividades simples como conversar en la vereda.
Los heridos, identificados como Jacinto Absalón P.T., de 42 años; Diego Leonardo C.P.; y el niño B.G.T.Ch., fueron trasladados por sus propios medios a una casa de salud. Aunque sus lesiones no comprometen su vida, el impacto emocional del suceso, especialmente en el menor, es una preocupación latente entre allegados y comunidad.
El silencio de testigos y familiares también refleja el clima de temor que rodea estos hechos. La falta de colaboración con las autoridades dificulta las investigaciones y refuerza la sensación de impunidad en sectores golpeados por la violencia.
Unidades especializadas de la Policía, incluyendo Dinased y Criminalística, levantaron indicios en la escena, entre ellos cinco casquillos calibre nueve milímetros. Sin embargo, el desafío va más allá de identificar a los responsables: implica recuperar la confianza ciudadana y frenar la escalada de violencia que, cada vez con más frecuencia, alcanza a los más vulnerables.
Este nuevo episodio reabre el debate sobre seguridad en barrios urbanos y la urgencia de estrategias integrales que protejan a la población civil, especialmente a niños, frente a una violencia que ya no distingue edades ni contextos.
Deja una respuesta