Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro concentran una de las paradojas más duras de la política de seguridad ecuatoriana: pese a acumular más de 500 días continuos (con breves interrupciones) en estado de excepción, estas provincias cerraron el 2025 con cifras récord de homicidios, masacres carcelarias, extorsiones y ataques armados.
La medida, concebida como una herramienta extraordinaria para recuperar el control territorial, se ha vuelto casi permanente, mientras la violencia no solo persiste, sino que se intensifica. Desde 2023, estas jurisdicciones han estado sometidas a restricciones de movilidad, militarización de espacios públicos y suspensión parcial de derechos como la inviolabilidad del domicilio o de correspondencia.
Sin embargo, los resultados son desiguales. Guayas volvió a liderar las estadísticas de muertes violentas; Manabí registró repuntes asociados a disputas entre bandas por rutas del narcotráfico; y Los Ríos y El Oro se consolidaron como corredores estratégicos para economías criminales que operan entre la Costa y la frontera sur.
El estado de excepción detiene «en algo» la violencia
Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército, el estado de excepción aún puede justificarse. “De lo contrario, estaríamos en una situación de excepción permanente y la violencia sería mucho más alta. Esta figura permite, de una manera u otra, contener los actos delictivos, especialmente cuando hay complicaciones relacionadas con el domicilio, la correspondencia y el toque de queda. Si no fuera por eso, las cosas estarían peor. Sin embargo, los delincuentes ya conocen el accionar del Estado bajo este esquema. Por eso es necesario cambiar la estrategia y actuar sobre los delincuentes, no solo reaccionar”, sostiene.
El estado de excepción está previsto en la Constitución para escenarios graves temporales. No obstante su prolongación ha abierto un debate jurídico y político. Para la abogada constitucionalista María Luisa Palma, la reiteración del mecanismo “erosiona su carácter excepcional y obliga al Estado a demostrar, con indicadores claros, que la restricción de derechos produce resultados medibles en seguridad”.
En la práctica, los operativos militares y policiales han permitido decomisos de armas y drogas, así como capturas puntuales de cabecillas. Sin embargo, los picos de violencia sugieren que las estructuras criminales se reacomodan con rapidez. “Creo que el presidente tiene una dependencia psicológica y política del conflicto interno para sostener su plataforma de gobierno. No veo intención de modificar esa narrativa”, analiza Daniel Pontón, experto en seguridad.
Otro factor vital: fragmentación de bandas tras capturas de líderes
Para Carla Álvarez, socióloga especializada en violencia urbana, el estado de excepción “puede contener brotes en momentos específicos, pero no remplaza políticas de prevención, control de armas, inteligencia criminal ni reformas al sistema penitenciario”. Y añade que la normalización de la militarización conlleva costos sociales y erosiona la confianza ciudadana.
La persistencia de la violencia también se explica por la fragmentación de las bandas tras la captura o muerte de sus cabecillas, lo que ha derivado en facciones más impredecibles y violentas. “El problema no es solo capturar delincuentes, sino debilitar sus redes económicas y su capacidad de reclutamiento”, advierte Álvarez.
La evidencia sugiere que el estado de excepción, por sí solo, no basta. Pontón recalca que el negocio de la droga opera “sin regulación, sin impuestos, bajo la ley del más fuerte”, y que la represión estatal es apenas una variable dentro de un fenómeno criminal que trasciende las fronteras del país.
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