El presidente Guillermo Lasso anunció este miércoles el próximo envío para estudio de la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que autorizaría el derribo de aeronaves irregulares en el territorio nacional, en respuesta a un creciente problema de narcotráfico.
«Pronto presentaremos en la Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana«, dijo el gobernante en una ceremonia militar con motivo del 101 aniversario de ese cuerpo.
En ese mismo evento informó que entró en funcionamiento en la provincia de Manabí un nuevo radar para reforzar la seguridad durante los 365 días del año y avanzar en la lucha contra el narcotráfico, una lacra que castiga cada vez más al país andino.
«Con este Gobierno se terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano. Hoy nos ha dado parte el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que a partir de hoy ya está en funcionamiento el radar en el cerro de Montecristi«, dijo Lasso en su discurso en la ceremonia.
Ese radar debe ayudar a identificar a pequeños aviones que ingresan al espacio aéreo ecuatoriano sin ser detectados por su tamaño y la falta de medios en esa zona costera.
Lasso avanzó que, en las próximas semanas, instalarán y pondrán en funcionamiento otro radar en la provincia de Santa Elena.
El anuncio ocurría el mismo día en que la Policía Nacional informaba que había dado un golpe al crimen organizado pues unidades de investigación identificaron tres grupos delictivos, que operaban en el mar territorial frente a las costas de las provincias de Manabí y de Guayas, así como en el mar internacional.
De acuerdo con la Fiscalía, en el operativo se incautaron cincuenta celulares, ocho computadoras, diez vehículos, dos armas de fuego y casi 38.000 dólares.
«El operativo responde a una investigación previa por presunta organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que hasta ahora cuenta con dos asistencias penales internacionales» de Estados Unidos, indicó la Fiscalía en Twitter.
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