El Secretario de Comunicación de Ecuador, Andrés Michelena dijo que el objetivo de reformar la Ley de Comunicación (LOC), aprobada en 2013, es “desmontar el aparataje del expresidente (Rafael) Correa, que lo único que buscaba es callar a la prensa, esconder los actos de corrupción y declarar como enemigos a los medios de comunicación”.
En el programa Frente a los Medios, de Ecuador TV, sostuvo también que las reformas que se da es parte de una reinstitucionalización que ha pedido el presidente Lenín Moreno al país, en donde existan “los aires de libertad de expresión, los aires de libertad y de respeto a los derechos humanos”.
Afirmó que sin medios libres y sin libertad de expresión protegidos no se puede hablar de democracia. “Por eso digo que hemos pasado de la mordaza al diálogo, del atropello a los derechos humanos a la libertad de expresión, de la honestidad, de un gobierno democrático”, aseveró.
Manifestó que en el proyecto de reformas a la LOC se han tomado en cuenta opiniones de medios de comunicación, sector cultural y ciudadanos.
Indicó que la presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas ha declarado de interés nacional el proyecto de reformas a la LOC, presentado esta semana ante ese órgano. “Tengo entendido que hay un buen recibimiento de todas las bancadas y de todos los asambleístas del país y que esta sea una oportunidad de debatir aún más”, añadió.
Indicó que en la iniciativa se le devuelve a la Defensoría del Pueblo la facultad de defender los derechos humanos y eliminar una “mal concebida institución como es la Supercom (Superintendencia de Comunicación e Información) que lo que hacía era sancionar, controlar y vigilar a los medios de comunicación, sin ningún momento rescatar, defender y proteger los derechos humanos”.
Reiteró que ni la Cordicom ni la Defensoría del Pueblo van a asumir para nada ninguna función, ni ninguna delegación de la Supercom, se elimina la institución y “se pasará de un sistema de control administrativo a un sistema de perfeccionamiento de los derechos humanos”.
Informó que se ha elevado a consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la comunicación es servicio público y si los empresarios de los medios pueden tener participación accionaria en otras empresas.
“Es un derecho, no un servicio eso está fuera de la normativa internacional y fuera de las convenciones internacionales que existen, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde nosotros tenemos que adaptarnos como país a la legislación internacional», acotó.
Dijo que si esa opinión consultiva es favorable, obviamente se incorporará dentro de la legislación ecuatoriana.
Tipos de medios de comunicación
En relación con los tipos de medios comunicación, manifestó estos se definen en privados, públicos, ciudadanos (Ecuadortv, Radio Pública, Diario El Telégrafo) y los públicos institucionales (Asamblea Nacional).
“Pero debe regularse dentro de una ley y no porque la radio del gobierno puede trascender a cualquier lógica del sistema de comunicación del Estado”, apuntó Michelena.
Definió que los públicos institucionales del gobierno, pueden ser de gobierno central, seccional, tienen derecho a tener una instancia de información que sea transparente y que no se escondan bajo el membrete de medios públicos.
“Si creamos una radio, un canal que sean del gobierno será un canal y radio del gobierno para informar justamente la gestión del gobierno, no para esconder dentro de un membrete que son para públicos, ciudadanos e independientes”, acotó.
Destacó que un medio público no debe regirse por el Gobierno y el gerente no debería ser designado por el presidente de la república, sino que tendría que existir un concurso de méritos para designarlo.
En su opinión, la mesa editorial tampoco no debería estar conformada por el gobierno y apuntó que este año se “logró independizar de un partido y de un gobierno a los medios públicos», y «según encuestas, los medios públicos al momento tienen un 51% de credibilidad».
Dijo que en caso de que los siga financiando el Estado, “el que manda es el Estado, y si la mesa editorial y el cuerpo directivo de los medios públicos al servicio ciudadano siguen siendo del Estado, seguirán respondiendo al Estado. Hemos vivido un año en donde no ha habido esa injerencia”.
Autorregulación de los medios de comunicación
El Secretario de Comunicación dijo que más allá de la sanción, en el nuevo proyecto se promueve la autoregulación y los medios de comunicación deben crecer en la calidad de sus productos, respetar la honra y el buen nombre de los ciudadanos.
“No existe un sanción per se administrativa, pero si una defensa de los derechos, si yo como ciudadano he sentido mi nombre y reputación sean sentido violentadas, a través de una nota de un medio de comunicación, pido una rectificación o una réplica y eso el medio debería acogerlo”, añadió.
Explicó que si no acoge el medio de comunicación este pedido, esto pasaría a la Defensoría del Pueblo que inicia un proceso de conversación y en caso de que este medio no quiera dar paso, lo tendrá que definir la justicia ordinaria y un juez emitiría una sentencia y definir si es que tiene que aplicar o no aplicar el proceso que está pidiendo el ciudadano.