El proyecto de Ley para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital se discute, en segundo y definitivo debate, este martes 22 de marzo en la Asamblea Nacional. A nivel político, si el Legislativo no da paso al proyecto, el Ejecutivo reforzará la tesis de un bloqueo en el Parlamento y volvería al debate político la posibilidad de la muerte cruzada.
“Si persiste el bloqueo no queda más que la muerte cruzada”, dijo el presidente Guillermo Lasso en octubre de 2021, en ese momento se criticaba que la Asamblea no tramite las propuestas del Primer Mandatario. Actualmente, además del posible bloqueo de la Ley de Inversiones, también se impulsa un proyecto derogatorio de la Ley de Desarrollo Económico.
Hasta la tarde de ayer, 21 de marzo de 2022, los votos a favor del proyecto correspondían a la Bancada de Acuerdo Nacional (BAN) y al Partido Social Cristiano (PSC), mientras que los negativos vendrían del correísmo, la Izquierda Democrática y Pachakutik. Si la votación se diera siguiendo la estructura por bancadas, no se alcanzarían los 70 votos para aprobar el proyecto.
El oficialismo sostiene que esta norma es la vía para alcanzar la promesa de campaña de dos millones de empleos durante los cuatro años de Gobierno y captar USD 30.000 millones en inversión extranjera y nacional en el mismo período. La oposición, por su parte, asegura que es una manera para alcanzar la privatización “camuflada” de las instituciones públicas ya que resta facultades de regulación y control al Estado sobre los bancos privados.
El proyecto está dividido en tres libros. Uno, dedicado a establecer el marco normativo para la participación del sector privado en el ámbito público; el segundo, sobre la transformación digital y el tercero incluye reformas a varios cuerpos legales. Sin embargo, a rasgos generales, se puede destacar lo más relevante del proyecto en cuatro aspectos que han ocupado a la opinión pública:
Creación de nuevas zonas francas, definidas por el sector privado. Es un espacio delimitado del territorio, con exoneración de impuestos, que atraerá inversiones en actividades industriales, de servicios y logísticas.
Regulación de asociaciones público-privadas. Es el marco regulatorio que permite la creación de las alianzas, entre las empresas privadas y las entidades del sector gubernamental en todo nivel, bajo una normativa que establece límites, procesos administrativos, de selección y requisitos. El secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, Roberto Salas, dijo que con la ley “estamos inaugurando un nuevo marco regulatorio para establecer un mejor desempeño de las inversiones públicas con la participación del sector privado”
Control de mercado de valores. ??????Plantea condiciones de seguridad jurídica para atraer inversión en el mercado de valores y que las empresas puedan obtener financiamiento desde esta vía para desarrollar sus actividades.
Transformación digital. Regula el uso de las plataformas y servicios digitales, con el fin de atraer inversiones, impulsar la economía digital y el bienestar social.
Las críticas al proyecto vienen de diferentes sectores. El correísmo califica a la ley de “privatizadora”. Respecto a las zonas francas, argumenta que esta propuesta solo beneficiarían a los grandes empresarios y provocaría “desigualdad social”, de acuerdo a un video difundido en redes sociales por la asambleísta Mónica Palacios. En el mismos sentido, el parlamentario Ronny Aleaga indicó que hay la modificación a 18 cuerpos legales, que permitirían “fortalecer” a la banca.
Juan Pablo Jaramillo, asesor económico del grupo de UNES, dialogó con Ecuavisa.com y dijo que lo preocupante sobre el proyecto se centra en las reformas en el Código Monetario Financiero y en la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado; a su parecer, esas modificaciones retiran regulaciones sobre la banca, cayendo en un conflicto de interés, por la participación del presidente Guillermo Lasso en este sector.
Jaramillo también critica que la Ley no establece con claridad las sanciones cuando alguien incumpla el régimen de las zonas francas; no obstante cree que el proyecto podría ser aprobado por capítulos. Por ejemplo, considera oportuna la aprobación del capítulo referente a las alianzas público privadas.
La Conaie, liderada por Leonidas Iza, también se pronunció rechazando el proyecto de Ley. Siguiendo un comunicado difundido el 17 de marzo de 2022, la organización indígena concluye que esta iniciativa del Ejecutivo es el “más grande asalto a los bienes públicos”. Lo mismo ocurre con organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de Política Fiscal, en cambio considera que es necesaria una Ley de Inversiones para garantizar estabilidad fiscal, acuerdos comerciales y generación de empleo; cree que el proyecto debería ser aprobado por la Asamblea, pero duda que esta institución esté en conocimiento de la realidad del país.
Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, dijo que si la Asamblea no aprobara la Ley, el Gobierno continuaría impulsando esfuerzos para la ampliación del comercio exterior y la atracción de inversiones; aclaró la muerte cruzada es un escenario de última instancia.
De acuerdo al informe anual de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC), de la ONU, las entradas de inversión extranjera directa del Ecuador provienen principalmente de actividades relacionadas a recursos naturales, manufactura y servicios. En el 2020, el 40 % de las inversiones provienen de la minería, 20 % de servicios de negocios y 15 % la construcción.
Los países que invirtieron en Ecuador, en el 2020 fueron: Canadá con el 29 %, España 20 %, Reino Unido 12 %, Estados Unidos 8 %, China 5 %.
Como se observa en el gráfico, no hay un comportamiento homogéneo de las inversiones a través de tiempo, respecto a los principales sectores, lo que demuestra que el ingreso de inversión extranjera se ha sujetado a un tema coyuntural y no planificado en los últimos años. (Ecuavisa)