‘Lo que queremos es el control de cárceles, y sobre todo limpiar cosas indebidas que estén ahí’: dice ministro Juan Zapata

Unos 2.500 presos de la Penitenciaría del Litoral han sido trasladados entre el Centro de Privación Zonal 8 (Regional) y la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, Manabí. En este grupo se consideran también rotaciones internas en la propia Penitenciaría, centro carcelario ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, a 500 metros de la Regional, en el norte de Guayaquil.

“Lo que queremos es el control de cárceles, pero sobre todo limpiar cosas indebidas que estén ahí”, refirió este martes 9 de noviembre el ministro del Interior, Juan Zapata, quien sostuvo que con los traslados de reclusos se apunta a debilitar a las bandas delictivas.

Es conocido que cada uno de los 12 pabellones de la Penitenciaría es manejado por grupos específicos.

En los últimos meses trascendió que el 1 y 4 estaban bajo el control de los Latin King; el 2 lo dominan los Chone Killer; en el 3, 6 y 7 manda JR; en el 5 y 12, Fito, de Los Choneros; el 8 es de Los Tiguerones; el 9, de Los Lobos; y el 10, de alias Samir.

Cada bloque se ha convertido en una especie de fortín para estas bandas y los traslados buscan desmontar aquello. Hasta el martes de esta semana se habían intervenido los pabellones 2, 4, 5 y 6, según Zapata.

Pero este accionar dispuesto por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ha generado observaciones desde instancias como la academia.

Más aún cuando a raíz de los traslados de reclusos, el 1 de noviembre, se desataron una serie de ataques violentos en Guayaquil y otras localidades del país, situación que motivó la declaratoria de estado de excepción en tres provincias: Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Antes de consumarse un primer traslado de internos desde Guayaquil a Portoviejo, físicamente y en redes sociales circularon panfletos atribuidos a las bandas Los Tiguerones y Los Lobos (aliados con el cartel Jalisco Nueva Generación) que advertían con actuar con su “poder logístico y armado” si se llegaba “a tocar” a integrantes de estos grupos de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral.

Según videos de supuestos integrantes de ambos grupos delictivos con ese traslado se favorecería a bandas contrarias, en este caso Los Choneros (afines al cartel de Sinaloa).

Con maquinaria pesada el martes de esta semana se derrumbó el pabellón consular de la Penitenciaría. Foto: Tomada de Presidencia. Foto: El Universo

En entrevista con este Diario, Luis Córdova, quien dirige el programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostuvo días atrás que llama la atención que a excepción de semanas recientes, durante los últimos siete meses los operativos antinarcóticos golpearon, principalmente, a las estructuras rivales de Los Choneros.

Eso y otros factores, dijo el doctor en Ciencias Políticas, llevarían a pensar que la estrategia oficialista sería “volverle a dar hegemonía” a Los Choneros para pactar con ellos la pacificación de cárceles y de las calles.

Pero el ministro Juan Zapata descartó aquello. “En ningún momento”, respondió el funcionario y explicó que las intervenciones en los reclusorios son acompañadas por personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pero que la planificación y directrices vienen dadas por el SNAI.

“Si ellos determinan que son los 36 centros (cárceles que deben ser intervenidas) nosotros tenemos que apoyar. Ahora usted sabe que se requiere, lo que están haciendo ahorita, obra civil, demoliciones y todo eso, por eso la planificación la lleva SNAI”, insistió el secretario de Estado.

Él se refirió así a la destrucción del pabellón consular en la Penitenciaría del Litoral, una estructura en la que no había presos y que era utilizada por reclusos para disparar con armas largas a policías y militares cuando se pretendía alguna intervención u operativo.

Responsables de atentados

Hasta el martes de esta semana, según el ministro del Interior hubo 32 personas detenidas y judicializadas por los ataques criminales perpetrados en el país en espacios públicos, gasolineras, sedes policiales y otros lugares.

“Quince de una organización y diecisiete de otra ya han sido, obviamente, puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para la judicialización. Detenidos y judicializados, y seguimos”, expuso.

Las investigaciones de los atentados en los que se usaron explosivos van “bien encaminadas”, sostuvo el ministro Juan Zapata y llamó a la unidad del país.

“En este momento el crimen organizado le declaró la guerra al Estado, no a la Policía ni al Gobierno, al Estado. A la comunidad, a la ciudadanía, han atacado gasolineras. El mejor mensaje que yo le doy es unidad. No es el momento de la división ni de la Política, es unidad”, enfatizó el funcionario.

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