El incumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que permite que el movimiento Justicia Social pueda inscribir candidaturas, puede traer como consecuencia penales a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El constitucionalista, Jorge Benavides, advirtió que, de no acatar el fallo, se podría aplicar el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Este cuerpo legal sanciona de uno a tres años el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En período electoral, el Código de la Democracia establece inmunidad para los consejeros del CNE, sin embargo, cuando se promulguen resultados, el proceso se activará
Seguridad jurídica
José Chalco, también experto en derecho constitucional, explicó que el CNE atenta contra la seguridad jurídica al no permitir que la organización política inscriba candidaturas nacionales.
“Una autoridad no puede desobedecer una orden de juez en materia electoral”, indicó.
El jurista agregó que los vocales que obstruyan la participación del movimiento, también podrían incurrir en responsabilidades administrativas.
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