Desde el 12 de junio de 2019, cuando se dio el fallo de la Corte Constitucional que conllevó al reconocimiento del matrimonio igualitario en Ecuador, han accedido a casarse ante un juez un total de 267 parejas del mismo sexo.
Las ceremonias se han realizado en 16 de las 24 provincias del país. La mayoría en Pichincha (105), Guayas (95), Manabí (16) y Santo Domingo de los Tsáchilas (10).
En Azuay, El Oro, Los Ríos, Loja, Galápagos, Cotopaxi, Esmeraldas y Santa Elena se ha realizado más de un matrimonio. Y uno solo en cada una de las provincias de Cañar, Chimborazo, Imbabura y Morona Santiago.
Hay ocho provincias en las que aún no se registran matrimonios entre personas del mismo sexo. Estas son Bolívar, Carchi y Tungurahua, en la Sierra, y en la mayor parte de las provincias amazónicas: Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
La pandemia del COVID-19 influyó en que más parejas del mismo sexo accedan al matrimonio, lo que es factible desde el 8 de julio de 2019 cuando la sentencia de la Corte Constitucional se publicó en el registro oficial.
Christian Paula, director del Instituto de Investigación de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, afirma que el matrimonio igualitario no es que cambió las realidades esenciales de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales). “Sí es importante por el efecto simbólico que representa, pero no todas estas personas quieren casarse, cada quien tiene sus prioridades”.
Un efecto positivo y progresivo es que al menos se ha logrado que la sociedad se sensibilice y que vea que los derechos y la lucha contra la discriminación son importantes. “Los grupos conservadores temían que la sociedad humanice a la población LGBTI ya que ellos han estado acostumbrados a deshumanizarlos”.
Entre las personas LGBTI hay quienes creen en la institución del matrimonio y hay otras que no, tal como sucede con los heterosexuales. De ahí que no se ha dado lo que los grupos conservadores pregonaron en su momento respecto a que se daría una homosexualización de la sociedad y que se destruiría a la familia, afirma Pamela Troya, activista de derechos humanos y vocera del matrimonio igualitario en Ecuador.
“No hemos tenido una consecuencia negativa con el matrimonio igualitario. Nada de lo que anticiparon los grupos conservadores, la familia ni el matrimonio se ha destruido, no hemos ni homosexualizado ni transexualizado a los hijos e hijas que era lo que decían de forma perversa y maliciosa”, afirma Troya.
“Había abogados que decían que pondrían acciones internacionales y no lo han hecho porque saben cuál sería la respuesta. Gracias a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se tuvo el argumento final para que los jueces y juezas de la Corte Constitucional aprobaran en dos sentencias, ambas emitidas el 12 de junio de 2019, el matrimonio igualitario”, añade la activista.
Lo que importaba, agrega Paula, en la lucha del matrimonio era “el efecto simbólico y cultural de poder desarmar esta institución para evidenciar que hay familias de todo tipo que necesitan la misma protección si así lo deciden”.
El reconocimiento del matrimonio igualitario fue importante para desmontar una institución jurídica que segregaba a las parejas del mismo sexo y les impedía acceder bajo su protección. “Esto no podía suceder en el Ecuador bajo las normas internacionales, sobre todo, del sistema interamericano”.
Sin embargo, hay medidas pendientes como una reforma integral de la legislación, sostiene Paula, ya que la población ha logrado obtener sus principales derechos a través de la vía judicial. “En la Asamblea y en el Ejecutivo no han tenido la voluntad política de legislar y garantizar los derechos de este ámbito y nos han orillado a judicializar nuestras vivencias”, dice.
Los logros como la despenalización de la homosexualidad (en 1997), el reconocimiento de la familia homoparental (desde junio del 2018) y del matrimonio igualitario se alcanzaron por la vía judicial. Solo la inscripción y legalización de las uniones de hecho se dio a partir de la Constitución del 2008.
“En la mayoría de las sentencias se le pide a la Asamblea que hagan reformas transversales que evidencien las necesidades de la población LGBTI en el marco jurídico como la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Registro Civil, los Códigos de la Niñez, Penal y de la Salud”, dice.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos del actual Gobierno, ya se ha reunido con los activistas, quienes indican que está abierta al diálogo para construir una política pública integral que atienda las necesidades de esta minoría.
“Esto lo pedimos desde el 2014 y no se ha hecho realidad. Es importante tener protocolos, datos, evaluación, seguimiento de cómo se están ejerciendo los derechos y el impacto de los servicios públicos en la población LGBTI. Se necesita ver qué nivel de educación tienen, en qué tipos de trabajos están, cómo acceden a la educación y a la salud, su situación de vivienda, si están en alguna condición de violencia”, afirma Paula.
Hay que tomar en cuenta, añade, que siempre hay un subregistro ya que aún hay quienes no expresan de forma pública y abierta su orientación sexual para evitar la violencia y la discriminación.
“En las sociedades, a los grupos históricamente discriminados estos derechos no son regalados, toca lucharlos en la calle, en los juicios, en la política, en la familia. Lo que se obtuvo no fue fácil y no viene de un proceso de uno o dos días, sino de años y de décadas, de cuestionamientos, persecución y de violencia”, dice Paula.
Según Efraín Soria, coordinador de la Fundación Ecuatoriana Equidad, el derecho alcanzado es motivo de celebración, pero hay cuestiones pendientes. “La sentencia del matrimonio igualitario disponía a la Asamblea que se hagan reformas legales a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles para que esté a la par con el tema del matrimonio civil, en ese sentido el Legislativo ha sido bastante negligente. Esperamos que el actual cumpla estos mandatos”.
El régimen de Lenín Moreno, dice Soria, fue nefasto en el tema de garantizar el acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad. “Esperamos y confiamos en que el nuevo presidente Guillermo Lasso, con su oferta de campaña y su eslogan del encuentro, tenga una actitud mucho más asertiva hacia esta comunidad”.
Es necesario, agrega Soria, trabajar en el tema del acceso a la justicia. “El Consejo de la Judicatura y la Asamblea no han cumplido con las disposiciones de la Constitución. No existen protocolos, guías, hojas de ruta que garanticen el acceso a la justicia de las personas LGBTI. No hay en la formación de fiscales y de policías la necesidad de entender la diversidad, si bien celebramos esa conquista todavía hay mucho por hacer”, afirma.
Una evidencia es que solo existen once centros de salud catalogados como amigables para la población LGBTI. “Pero el sistema público de salud tiene más de mil, faltan respuestas acertadas en estos temas”, asegura Soria.
Lo mismo ocurre en el acceso al trabajo, agrega. El Acuerdo Ministerial 82 prohíbe la discriminación, pero no hay mecanismos de seguimiento y evaluación de estos procesos. “No hay datos y necesitamos que existan para evaluar si las empresas públicas y privadas están respetando los derechos de la comunidad LGBTI”. (El Universo)