Más de 1.000 empresas fantasmas aumentan el hueco de la evasión de impuestos

Entre $4.000 millones y $7.000 millones se estiman los ingresos perdidos por la evasión de impuestos en la región, según organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Uno de los mecanismos usados para esa evasión son las empresas fantasma o ficticias. El objetivo principal es la creación de facturas falsas que permiten sustentar gastos inexistentes, tapar acciones de lavado de activos, simular operaciones con negocios reales, y pagar menos impuestos, o no pagar nada.

El perjuicio al Fisco, por impuestos no recaudados está entre los $2.500 a $3.000 millones en tres años. Eso significa una defraudación de, en promedio, 1.000 millones anuales.

Las autoridades han presentado más de 1.360 denuncias penales, relacionadas con las mencionadas empresas fantasma o facturas falsas para evadir impuestos.

El comercio, la construcción y los servicios profesionales son las tres actividades en donde se ha registrado más incidencia de esta modalidad de evasión (70%). Sin embargo, en épocas de crisis también despuntan temas como los servicios financieros (4%).

La punta de iceberg

Napoleón Santamaría, abogado tributarista, comentó que el fenómeno de las empresas fantasma es mucho más grande de lo que se ha podido detectar hasta al momento, y que, si no se actúa con más firmeza y eficacia, tiene el potencial de corromper a todo el sistema empresarial y público del país.

Aunque se han reforzado las acciones, el  SRI necesita una gran inversión, tanto en tecnología como en personal, para poder combatir la evasión.

En total, se necesitan 800 funcionarios a nivel nacional para impulsar el control preventivo. Actualmente, la mayoría del trabajo se concentra en la revisión posterior, es decir, cuando ya se cometieron los ilícitos.

El Gobierno de Guillermo Lasso apunta a mejorar la recaudación a través de mejor gestión de cobro y no subida de impuestos. Sin embargo, todavía no hay una ruta clara para lograr ese propósito.

El ministro de Economía, Simón Cueva, ha reconocido que solo después de agosto, cuando se haya cerrado la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podrán iniciar los diálogos internos para construir una reforma tributaria.

Más campo de acción

Con la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto de 2018, se amplió el campo de acción de control del Servicio de Rentas Internas (SRI). Antes, frente a la presunción de mecanismos de defraudación, las autoridades tributarias podían revisar facturas y cuentas de hasta tres años posteriores.

Ahora, esa revisión se puede ampliar a seis años atrás, con lo que hay una mayor posibilidad de cobro y gestión. Sin embargo, Javier Bustos, abogado tributarista, explicó que el nivel de informalidad en la economía hace muy difícil determinar los niveles reales de fraudes e incluso lavado de activos.

“En el último caso de estafa piramidal en Quevedo, se ve no solo una economía en la sombra apuntalada por falta de controles, no solo de las autoridades nacionales, sino también de las locales”, dijo. (La Hora)