LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía boliviana informó el martes que en un lapso de cinco días recolectó 420 cuerpos, de los cuales entre 80% y 90% se consideran sospechosos de haber contraído COVID-19.
Entre el 15 y 20 de julio, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal en calles, vehículos y viviendas, dijo el director nacional de esa unidad policial, coronel Iván Rojas, a los medios locales. La recolección se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, en el barrio donde están cerca los hospitales, seguido de Santa Cruz, explicó el oficial.
Entre tanto, del 1 de abril al 19 de julio, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo el levantamiento a nivel nacional de 3.016 cadáveres entre sospechosos y confirmados de ser portadores de COVID -19, siendo Santa Cruz el departamento con mayor cantidad de decesos, seguido de Cochabamba, explicó el director de esa dependencia, Andrés Flores.
El ministerio de Salud informó mediante un comunicado que tramitan la llegada de más pruebas y equipos para descongestionar los laboratorios y habilitará varias instalaciones ante la saturación de hospitales.
En tanto, el gobierno intervino la clínica Cubana, en el sur de La Paz, para habilitar la instalación para la atención del personal de salud que se contagie den la enfermedad. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que que la clínica fue administrada por médicos cubanos que llegaron durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Tras la renuncia de Morales, Cuba retiró en noviembre a su personal en medio de discrepancias con el gobierno de la mandataria interina Jeanine Áñez.
Más temprano, un comité científico que asesora al gobierno boliviano propuso aplazar las elecciones presidenciales del 6 de septiembre debido a que el país sigue siendo impactado por la pandemia.
En una carta enviada al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, el comité señala que “la enfermedad ha tenido enormes variaciones en el mundo y los investigadores en su gran mayoría concuerdan que, para planificar actividades como una elección, se debe esperar a que la curva epidemiológica de casos activos tenga una disminución sostenida por un lapso de 14 días, por lo que la fecha del 6 de septiembre no es apropiada”.
El grupo, integrado por profesionales independientes y principalmente médicos, asesora al Ministerio de Salud en sus esfuerzos por contener la pandemia. Hasta el martes, Bolivia registraba 60.991 contagios acumulados y 2.218 decesos.
El TSE aún no analizó en sala plena la propuesta enviada la víspera. En el caso que se dé un posible nuevo aplazamiento de los comicios es el órgano que debe definir la fecha con el aval de la Asamblea Legislativa, dominada actualmente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
Aún antes de conocer la sugerencia de los científicos, seis de los ocho partidos en carrera electoral manifestaron su opinión a favor de aplazar los comicios.
El más empeñado en mantener la fecha es el MAS, que postula al exministro de Economía, Luis Arce, a quien las encuestas colocan a la cabeza de las preferencias, aunque sin la mayoría suficiente para ganar en primera vuelta.
Desde su exilio en Buenos Aires, Morales dijo mediante Twitter que “tomando medidas de seguridad varios países, con millones de habitantes, realizaron elecciones en plena pandemia. Los comicios son urgentes…”, acotó.
A su vez, Arce dijo que el gobierno usa la pandemia como “pretexto para prorrogarse”.
El expresidente Carlos Mesa, de la alianza centrista Comunidad Ciudadana (CC) y que marca segundo en los sondeos, se muestra más proclive a un cambio de fecha.
“Si el poder electoral, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deciden postergar el proceso electoral, CC aceptará y acatará”, dijo en entrevista con la televisora Red Uno.
Áñez, candidata por la alianza centro derechista Juntos, tercera en los sondeos, siempre cuestionó la fecha del 6 de septiembre y pidió aplazar en un mes o dos la votación.
Bolivia busca resolver la crisis política que estalló en noviembre del año pasado cuando Morales renunció tras casi 14 años en el poder y después de unas elecciones empañadas por denuncias de fraude en las que buscaba un cuarto mandato. La violenta convulsión entre seguidores y adversarios del político provocaron 36 muertes.