Sobre las laderas, en las riberas de los ríos, quebradas y a orillas del mar en Manabí se levantan casas de madera y de construcción mixta (ladrillo, cemento y madera). En invierno, las constantes inundaciones y deslizamientos de tierra afectan a estas viviendas.
Según datos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 29.221 viviendas están ubicadas en 68 zonas vulnerables en la provincia. En total, 75.873 manabitas se encuentran bajo esas amenazas naturales.
Uno de esos sitios es la ciudadela San Gregorio en Portoviejo. Al menos 200 casas se construyeron sobre una colina. Cuando hay constantes lluvias, en la noche especialmente, los vecinos hacen guardia para alertar a sus familias por si hay deslizamientos de tierra o inundaciones.
Abelina Barrezueta, moradora de la calle España de San Gregorio, contó que en invierno caminan por el lodo resbaladizo y las corrientes de agua que bajan de la montaña.
Cada año, los vecinos hacen una minga para limpiar las alcantarillas y colocan piedras en las calles de tierra para que sea más fácil la circulación de peatones y vehículos.
Pese a esas mingas, las calles se convierten en un lodazal. Para salir hacia la avenida principal, los moradores se colocan fundas plásticas en los pies y luego se ponen las botas de caucho. “Es una travesía caminar hasta la vía principal porque el lodo parece jabón y aun con botas a veces nos caemos y nos ensuciamos”.
Según el Municipio de Portoviejo, 4.500 personas viven en esta condición.
Antes del terremoto del 2016 se tenía previsto construir una urbanización para trasladar a 500 familias. Pero esos terrenos, que ya tenían estudios, fueron entregados al Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, donde se levantaron 600 viviendas para los damnificados del terremoto.
Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, asegura que 200 familias que vivían en las colinas o cerca de los ríos salieron de allí, entre el 2016 y el 2018. Estas viviendas de madera se demolieron y ahí se realiza un proyecto de reforestación.
Esas familias viven en casas alquiladas. Ellas reciben un bono mensual de USD 150 para pagar el arriendo. “Esto lo vamos a hacer hasta que el Gobierno construya las casas”, indica Casanova.
Entre el 2018 y febrero del 2019, el Gobierno a través del programa Casa para Todos ha entregado 1.530 casas en siete planes habitacionales de Portoviejo, Manta, Chone, Sucre, Jaramijó, Rocafuerte y Jama para damnificados del invierno y del terremoto, donde viven 1.600 familias.
En Chone se construyó el proyecto San Cayetano, que acogió a 352 familias damnificadas por el invierno en el barrio Jorge Gallardo.
Genoveva Cobeña, de 50 años, fue una de las beneficiadas. Recibió su casa en diciembre. Ella vivió en un albergue por más de ocho años, luego de que en el barrio Jorge Gallardo se produjera un hundimiento de tierra que afectó a 300 personas en el 2010. “Lo perdimos todo y desde entonces no habíamos podido levantarnos”.
Carmen Loor, de la parroquia Ricaurte, está a la espera de que salga favorecida para otro proyecto habitacional que el Plan Casa para Todos construye en Chone. Se trata del conjunto Bejuco-Hacha, que edifica 187 viviendas.
Ella vive en una casa de madera de dos pisos, cerca del río Garrapata. En invierno utiliza únicamente la parte alta para evitar las inundaciones, por el desbordamiento del afluente.
Deyton Alcívar, alcalde de Chone, afirma que la represa Río Grande mitigó las inundaciones para más de 800 personas que vivían cerca del río.
Sin embargo, hay sectores como Santa Rita y San Antonio que aún sufren las inundaciones por los ríos Garrapata, Chone y el Mosquito, donde viven al menos 2 000 personas en zonas de riesgo.
Para prevenir emergencias, cada año se realiza el desazolve de los ríos y la limpieza de alcantarillas en las vías.
Pero esos trabajos son insuficientes porque el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario ya cumplió su vida útil.
De hecho en este invierno, la red colapsó por cuatro socavones que se registraron en el centro y se debió emitir una declaratoria de emergencia hidrosanitaria cantonal.
Rocafuerte pasa por una situación similar. En la zona urbana, las inundaciones se dan por el alcantarillado. Mientras que en la zona rural por el desbordamiento de afluentes.
El sector Los Ríos se inundó la semana anterior, por el desbordamiento del río Chico.
Los moradores de Rocafuerte que viven en zona de riesgo escribieron una carta que enviarán al presidente Lenin Moreno para pedirle la reubicación. “No pedimos que nos regalen una casa, sino facilidades para pagarla”, dice Martha Zambrano, del sector Los Ríos. (El Comercio)