El adolescente B.W. aceptó su participación en el delito de robo con muerte suscitado en una boda, en el sur de Quito, el pasado 15 de septiembre.
El menor fue declarado coautor del delito de robo con muerte. B. W. tiene 17 años y su sentencia consiste en seis años de internamiento institucional (medida socioeducativa).
B.W. se acogió al procedimiento abreviado y la jueza Victoria Neacato sustanció la sentencia condenatoria, con base en los elementos presentados por la fiscal Verónica Barragán, especializada en Adolescentes Infractores, en la audiencia preparatoria de juicio del 11 de noviembre de 2019.
Entre los principales constan el peritaje de extracción de audio y video aplicado a las cámaras ubicadas en el sector donde se corroboró que el taxi fue manejado por el joven y que esperó en el vehículo mientras sus cómplices cumplían su objetivo.
También, la información recopilada del celular del adolescente, en el cual se encontraron fotografías de los agresores (adultos) y se registraron varias llamadas de entrada y salida con ellos.
Además del informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de los testimonios de la madre y hermano de B. W., que afirmaron que el joven condujo el taxi aquel día, fueron el conjunto de pruebas que evidenciaron su coautoría en el delito.
En septiembre pasado se festejaba una boda en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Eran las 03:00 cuando un taxi se estacionó en el patio de la recepción.
Del auto salieron cinco hombres con armas de fuego, golpearon a los invitados que estaban en la puerta y apuntaron al resto para obligarles a entregar sus pertenencias. Luego se escucharon disparos y gritos.
El resultado del ataque dejó dos fallecidos: un invitado y uno de los asaltantes. La pareja recién casada resultó herida por los disparos y fueron trasladados a una casa de salud.
Los señalados son José A., de 19 años; Wilmer A., de 23; Yarley C., 24 años y registra una detención anterior por robo; Pablo V., de 20, dos antecedentes por robo y Wilmer B., de 17.
Tres revólveres, 73 municiones calibre 9mm, tres plasmas, 19 celulares, uniforme de las Fuerzas Armadas, un parlante y un taxi amarillo se encontraron entre los elementos que sirvieron como evidencia para las autoridades.
La aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) están determinadas en el artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA). (VISTAZO)