Ofelia Barcia recuerda que su esposo, “que en paz descanse”, cinco meses antes de morir dejó arreglados los papeles para que le devolvieran un dinero que había pagado por la casa que le construyeron luego del terremoto del 2016.
Se trata del llamado “copago”. Un valor que debían cancelar los damnificados que accedían a las casas que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).
El trato era el siguiente: el Miduvi construía, compraba o reconstruía una casa y el beneficiado debía devolver el 10 por ciento del valor total.
Había cuatro opciones: construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado, el bono era de 10 mil dólares, el beneficiado devolvía mil dólares en cuotas mensuales.
La segunda opción era la reconstrucción en terreno propio, donde también accedían a USD 10 mil.
La tercera se trataba de la reparación de la vivienda recuperable por cuatro mil dólares, el beneficiado devolvía 400 dólares.
Existía, además, la opción de compra o construcción de vivienda, donde había un bono de nueve mil dólares.
El esposo de Ofelia recibió el pago de lo que ya había cancelado por la vivienda, semanas después falleció.
Julio Recalde, ministro de Vivienda, explicó que, de acuerdo a la Ley de Fomento Productivo, estos montos deben ser devueltos, aunque son “poquísimas” las personas que completaron el copago.
El 24 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno en su informe a la nación anunció la derogatoria del acuerdo de pago que suscribieron los afectados por el terremoto para la reconstrucción de sus viviendas.
En Esmeraldas hay registradas 4.160 personas beneficiadas con viviendas; en Manabí, 18.550. (El Diario)
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