La tensión en Mataje aumenta. Desde el martes, 20 de marzo del 2018, los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC comenzaron a usar a niños de esa población fronteriza de Ecuador, para enviar mensajes a los soldados y amenazar con nuevos ataques.
Así fue cómo los militares levantaron información de que los armados ilegales sembraron más explosivos en terrenos cercanos a la frontera.
De hecho, desde la explosión que mató a tres marinos, los uniformados no patrullan en esa zona de la selva. Tampoco se acercan al lugar del estallido, pues la posibilidad de que existan más explosivos es alta.
Esto ha hecho que los expertos que deben investigar este ataque y recoger evidencias tampoco hayan ingresado. Ese equipo permanece en San Lorenzo a la espera de que se verifique que no exista más artefactos explosivos.
Desde el miércoles (21 de marzo) se realizan inspecciones visuales a la zona.
Este jueves, equipos de Inteligencia militar avanzaron hasta el destacamento de Mataje y desde allí enviaron drones para verificar lo que está ocurriendo en la zona selvática. “Lo que se conoce es que los terrenos que están alrededor de la carretera están trampeados”, dice uno de los marinos que desde el martes permanece en este sitio.
Desde ese día, el destacamento fue reforzado. Unos 100 hombres realizan vigilancia permanente. Hasta finales de febrero, ese lugar solamente albergaba a 30 miembros de la Armada y de Fuerzas Especiales.
Pero ahora, el resguardo es extremo, pues se confirmó que Mataje es un punto clave para los disidentes de la FARC, ya que en ese poblado están infiltrados sus colaboradores.
Esa información fue corroborada por el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla. No se descarta que esa red de apoyo incluso ayudó a montar la bomba del martes.
Según los militares, la pequeña localidad fronteriza se convirtió en un centro de abastecimiento de combustible y de descanso para los armados, especialmente para los integrantes del denominado frente Oliver Sinisterra, liderado por alias ‘Guacho’.
Inteligencia policial incluso tiene informes en los que se indica que el exguerrillero llegaba a descansar a esa población, antes de perpetrar el ataque al cuartel de la Policía de San Lorenzo, en enero pasado.
Los investigadores no descartan que los pobladores de la zona sean amenazados, para colaborar con los ilegales. Por ello, los militares investigan los perfiles de los pobladores.
En el destacamento tienen una base de datos de las personas que viven en el pueblo. A esa lista se suman los datos de quienes quieren ingresar. Por ejemplo, ayer, jueves 22 de marzo, tres hombres intentaron entrar en un vehículo pequeño.
Dijeron ser comerciantes, pero su paso fue impedido. “Por su seguridad no pueden pasar”, les repetían los soldados que les revisaban.
Actualmente, en el centro de Mataje no existe presencia permanente de soldados. Lo que hacen es llegar a la población, verificar que no haya armados y vuelven al destacamento de inmediato.
Para estas tareas usan al menos 80 hombres. Todos van con fusiles M4, que tienen un alcance de tiro de 700 metros.
Todos portan chalecos antibalas y cascos de kevlar, un material que puede soportar el impacto de una bala. Así es la rutina ahora en Mataje, donde viven unas 300 personas.
El ministro de Seguridad, César Navas, dice que “algunos ciudadanos” se han ido de allí y que se brindará el apoyo a todos los pobladores que se desplacen a otros sectores.
Mientras esto ocurre en el poblado fronterizo, en Esmeraldas hubo un fuerte movimiento de autoridades.
Desde la mañana llegaron la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, ministros de Estados, militares y policías. Se trató del Gabinete intersectorial de Seguridad, que analizó ampliar el estado de excepción vigente en San Lorenzo y Eloy Alfaro y que termina el martes 27.
En mayo, precisamente en esos cantones se impulsarán programas de agua potable con subsidios, “para enfrentar problemas estructurales”.
En esa cita también estuvo el fiscal Carlos Baca, quien aseguró que las estructuras de grupos delincuenciales en esa zona han sido golpeadas y que eso ha dejado hasta el momento 14 personas detenidas.
También se han decomisado centenares de millones de dólares, se han allanado inmuebles y se han abierto investigaciones judiciales.
Baca reveló que los ataques perpetrados en el cuartel de San Lorenzo, en el retén naval de Borbón y a la patrulla militar de Mataje son conducidos desde Quito.
Al frente de la tarea está la Unidad de Delincuencia Organizada, la Fiscalía de Esmeraldas y fiscales de otros sitios del país. (El Comercio)