El Ministerio de Trabajo recorrió distintos establecimientos en Guayaquil para verificar el estatus laboral de ciudadanos extranjeros y ecuatorianos. La jornada estuvo encabezada Andrés Madero, ministro encargado de Trabajo.
El recorrido empezó a las 10:30 de este lunes 21 de enero del 2019 en una cadena de carnes y embutidos en el sector de la Alborada, en el norte de la urbe. Ahí el funcionario, acompañado de inspectores de trabajo, salud y seguridad constató la nómina de empleados en la que no había ciudadanos extranjeros, aunque se emitió una notificación por un tema de seguridad laboral.
Luego el ministro acudió a una vulcanizadora, ubicada a pocos metros, donde se registró que al menos 14 ciudadanos venezolanos estaban trabajando sin un contrato ni afiliación a la seguridad social y ganaban en promedio USD 1 por cada auto lavado.
Uno de ellos fue Erson, de 24 años, quien había llegado hace ocho meses al país. Él trabaja desde hace cuatro meses en la lavadora, donde gana USD 1 por carro lavado y labora 12 horas al día. “Ya tengo cuatro meses, aquí somos varios los que trabajamos, ha sido difícil conseguir otro trabajo. Al día puedo hacerme cinco o siete dólares”.
La propietaria del lugar reconoció que los extranjeros no están afiliados, pero dijo que está buscando la posibilidad de regularizarlos. “Hay unos que vienen, se regresan a su país, otros consiguen un mejor trabajo, vamos a ver cómo les damos un contrato permanente. Les doy trabajo a los que me vengan a pedir, no me han pedido ecuatorianos”.
Ahí se emitió una notificación para que los propietarios presenten sus descargos.
En ese sitio, Yerson, un joven venezolano, se acercó al ministro y le pidió que los dejaran trabajar porque tienen familia que mantener en Venezuela. “No puede ser que por uno paguemos todos, sobretodo quienes hemos venido a ganarnos honradamente el pan de cada día”.
A escala nacional está previsto de que realicen 75 inspecciones, de las cuales 30 correspondían al Puerto Principal. Se hicieron barridos por sectores con inspectores de trabajo, seguridad y salud.
El ministro de Trabajo señaló que la jornada corresponde al control de las obligaciones laborales íntegras. En el 2018 se hicieron 16 000 inspecciones, que derivaron en 6 300 sanciones por diversos motivos, como la irregularidad laboral de inmigrantes.
Pero el recorrido, al que se invitó a los medios de comunicación, ocurrió unas horas después de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, anunciara que los controles se fortalecerán y que a través de un registro le permitirá al país conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional.
“Sanciones a quienes aprovechan la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias, son víctimas de empleadores inescrupulosos”. Además, anunció que los venezolanos deberán presentar el pasado judicial apostillado para ingresar al país. (El Comercio)
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