Un segundo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) causa malestar en el gobierno de Lenín Moreno. En esta ocasión se trata del informe sobre los hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones y paralización que vivió el país entre el 3 y el 13 de octubre.
Adelantando que el régimen trabaja en una respuesta formal, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expresó que existe un ‘sesgo’ en el informe de la Comisión, cuando estos organismos tienen la obligación de tener una mirada ‘honesta’ y ‘neutral’.
“Todos los temas que pueden atribuirse a la violencia organizada, hay unas tres vueltas antes de llegar… hay muy pocas alusiones al secuestro de policías y militares… No todas las personas que perdieron la vida en este contexto de violencia son indígenas”. Esos son algunos de los argumentos que dio la ministra en Sonorama para explicar de qué forma la CIDH fue sesgada en su informe.
Romo agregó que existe falta de capacidad de la Comisión para reconocer lo que el gobierno de Lenín Moreno ha hecho en el tema de derechos humanos, olvidándose de “quienes fueron sus principales verdugos, de los que dijeron que la CIDH era Vachagnon, que recogía basura, y hoy la utilizan también en esta estrategia que de alguna manera pretende poner en duda las responsabilidades de quienes están contestándole al país”.
El resto de instituciones o autoridades que representan al Estado y están involucradas en el caso: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, Cancillería, Ministerio de Defensa y Secretaría de Derechos Humanos aún no se pronunciaron sobre el informe que emitió este martes la Comisión Interamericana.
La secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, señaló que la CIDH ha generado malestar, hay criterios políticos y ha excedido sus funciones.
Del lado de la sociedad civil, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se mostró de acuerdo con las recomendaciones y conclusiones del organismo internacional.
El presidente Jaime Vargas señaló que el informe de la CIDH “da la razón al movimiento indígena de que existió uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado”.
Para la Conaie, la CIDH reconoce que el levantamiento fue por una medida antipopular e inconsulta y que hubo uso desproporcionado de la fuerza. Además, exige al Estado investigación y reparación.
Vargas anunció que presentará una denuncia penal contra el Estado, después de que la Corte Constitucional (CC) no atendiera el pedido de la Asociación de Víctimas Inocencio Tucumbi de desclasificar los documentos del paro.
Isabel Espinosa, secretaria técnica de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación que conformó la Defensoría del Pueblo tras los hechos de octubre, dijo que el informe de la CIDH espera que el Estado cumpla con las recomendaciones sobre reparar a las víctimas y en las investigaciones sobre violación a los derechos.
En su informe, la CIDH hace once recomendaciones y varias conclusiones, entre las que constan: que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa, con apego a los derechos humanos, que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas, y que las medidas económicas carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana. (El Universo)
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