El caso de una joven de Popayán que decidió quien abortar al bebé que llevaba en su vientre cuando ya había alcanzado los 7 meses ha causado polémica en Colombia, luego de que se conociera que su novio demanda la entrega del feto.
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia Colombia, una entidad privada que ha hablado sobre el caso, dijo que de acuerdo a la constitución colombiana ninguna mujer puede sentir vulnerada su integridad, intimidad y seguridad. Admeás reiteró el concepto técnico enviado a la Corte Constitucional, en el sentido de que el aborto no debería ser considerado ningún delito.
Juan Pablo Medina es el novio que desde hace varias semanas quería evitar que su expareja procediera a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo con casi ocho meses de gestación en Popayán y quien pidió que le sea entregado el feto, a quien ya le había puesto nombre.
Medina se enteró, mediante un comunicado enviado por Profamilia el pasado viernes, que luego de una evaluación médica se comprobó que la mujer cumplía con una de las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006, que profirió la Corte Constitucional, para interrumpir de forma voluntaria el embarazo, según detalla el diario colombiano El Tiempo.
Según el joven de 25 años, su exnovia no cumple con ninguna, aunque ella ha alegado problemas de salud mental. Aseguró que son los padres de ella quienes la presionaron para que no tuvieron el hijo.
De acuerdo a El Tiempo, el secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, ha dicho que la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales, de depresión. La Corte tampoco habló de edades de embarazo, o sea que el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes”, dijo.
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