El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pidió rectificaciones al Gobierno en temas económicos y de seguridad, durante una entrevista radial este jueves 3 de marzo de 2022.
Nebot, que apoyó la candidatura del presidente Guillermo Lasso, pero rompió relaciones tras haber ganado la elección, no mencionó temas políticos en el diálogo que mantuvo por más de una hora con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
Tampoco topó el tema de la Asamblea Nacional, donde el Partido Social Cristiano, que él lidera, vota con la oposición, muchas veces en alianza con el partido del expresidente Rafael Correa.
“Hay la necesidad de un cambio y ese cambio debe hacerlo el Gobierno”, dijo Nebot. Utilizó encuestas de la firma ‘Perfiles de Opinión’ para demostrar el pesimismo de los ecuatorianos sobre el futuro del Ecuador. “Esto es gravísimo y se revierte con hechos”, añadió.
En el tema económico señaló que “la política de poner impuestos o crear impuestos es nociva”, en relación a la Reforma Tributaria aprobada, que aumenta el cobro del Impuesto a la Renta.
“Los impuestos suben los precios y se crea inflación”, señaló. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dijo que el 2022 arrancó con una inflación mensual mayor a la registrada en todos los meses del año pasado.
El INEC señaló que la inflación mensual de enero se ubicó en 0,72%, comparado con el mes anterior que fue de 0,07%, mientras que en enero de 2021 se ubicó en 0,12%. Es la mayor variación mensual de los últimos 12 años.
Partidario del porte de armas
Nebot se mostró partidario de modificar leyes para permitir la libre portación de armas, para ser usadas de manera disuasiva. “No como en el viejo oeste, con todo el mundo llevando armas al cinto”, dijo.
Señaló que ante la posibilidad de que la ciudadanía tenga un arma, los delincuentes dudarán antes de asaltar a una persona o ingresar a una casa. “Ahora lo hacen porque saben que estamos indefensos”, señaló.
“La gente tiene miedo, tiene miedo de salir, tiene miedo de subirse a un bus”, sostuvo. Dijo que la seguridad es un asunto del Estado y como tal debe ser tratado por el Gobierno, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Corte de Justicia y los gobiernos seccionales en conjunto.