Norma, la niña que fue forzada a dar a luz al hijo de su padre

Con 13 años, Norma quedó embarazada de su padre sin saberlo. Creía que los movimientos que sentía en su panza eran bichos. Apenas había tenido su primera menstruación, y no sabía que tenía que volver a menstruar. Jamás había recibidoeducación sexual. Cuando su familia detectó el embarazo, su hermano lo denunció ante la Policía, pero, según los organismos de derechos humanos, el Estado nunca hizo nada. Acudió, entonces, al sistema de salud. Asustada y traumatizada, pidió que interrumpieran su embarazo, pero su petición fue negada.

Norma fue forzada a la maternidad, a dar a luz a un niño que fue producto de una violación y de incesto. No es todo. El día del parto, en una maternidad de Quito, la niña se negó a ser tocada porque previamente nadie la había indicado cómo sería el procedimiento del parto, y el personal de salud la violentó: “Si abrió sus piernas antes, entonces ¿por qué no quiere hacerlo ahora?”

El testimonio de Norma, una mujer valiente que hoy trabaja como empleada doméstica para conseguir dinero y mantener a su hijo o ¿hermano?, será escuchado este 29 de mayo de 2019 —junto con otros tres casos de niñas sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, Guatemala y Nicaragua— ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El litigio ilustra uno de los cuadros más dolorosos en América Latina. Todas ellas fueron madres cuando aún eran niñas, y no les dieron opción al aborto.

Estos casos exigen rendición de cuentas, acceso a justicia y reparación para las niñas, y llaman a la adopción e implementación de políticas que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres no solo en América Latina, sino en todo el mundo. La demanda contra los Estados de Guatemala, Ecuador y Nicaragua la lleva Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Este 29 de mayo de 2018, afuera de la Asamblea Nacional, en Quito, se reunieron varias representantes de organismos en pro de la lucha contra la violencia (y que también están siendo parte del litigio). Existen cifras alarmantes.

Margarita Velasco, representante del Observatorio Social del Ecuador, el caso de Norma se ha convertido para el Ecuador en un elemento simbólico de lo que es la brutal agresión sexual. Dijo que en el país hay alrededor de 30.000 niñas embarazadas, de ellas, 2.115, entre 10 y 14 años, están embarazadas producto de agresiones sexuales. “En este país se ha comprometido el enfoque de derechos desde 1990, cuando se declaró que se protegería a los niños, niñas y adolescentes en los remas de derechos”, añadió .

Dijo Velasco que la valentía de Norma ha colocado sobre la mesa varios temas: el primero, el incesto. No solo es abuso sexual y tocamientos, sino el hecho de que sean sus padres, padrastros, tíos… los que las violan. Y, a pesar de ello, no hay un registro de cuántos casos son.

Margarita Velasco

“Cuando el observatorio hizo una evaluación de los riesgos que los niños y niñas corrieron luego del desastre en Manabí, en 2016, las denuncias que encontramos y que nos dio la misma Dinapen, fueron: que en el caso de violaciones, el primer lugar lo ocupaba el incesto”.

Se preguntó: ¿Cuáles son las leyes que protegen a los niños del incesto? No existe la palabra incesto en la definición del marco legal. “La agresión sexual sigue allí… como símbolo de una dinámica que toma como eje la perversidad… quién viola a su hija o hijo es un perverso”, espetó Velasco.

Virgina Gómez de la Torre, representante de la Fundación Desafío, dijo que hoy es un día importante “porque nos ha tocado ir a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos, para decirles que en este país a las niñas las violan… para decirle que recomiende al Ecuador estándares que permitan tomar acciones en relación a laviolencia sexual, a la violación y el embarazo.

Este es un problema regional, de los países pobres — entre comillas de América Latina— que no han sabido responder a los requerimientos y demandas del movimiento de mujeres para que se despenalice el aborto en caso de violación. Algo que han estado pidiendo las mujeres en el país desde hace once años.

Hoy parirán siete mujeres en el país. Niñas de 11 y 12 años que de un día para el otro se convertirán en adultas, y que el Estado ecuatoriano “no ha sabido hasta ahora plantear una estrategia o una política integral de disminución de abuso sexual, de la violación… Y tampoco sabe dar respuesta todavía a un problema grave para las niñas”.

Dijo que actualmente se debate el informe de la Comisión de Justicia para reformar el Código Orgánico Integral Penal y poder despenalizar el aborto en caso de violación. Un exhorto que también lo hace Mayra Tirira, representante de Sukuna Ecuador.

“El embarazo adolescente constituye la tercera causa de deserción escolar en el Ecuador”, señaló Tirira. Añadió: “La maternidad forzada constituye un acto de tortura para las niñas”. (Expreso)

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