El exfuncionario correísta Ramiro González enfrenta una nueva investigación por el presunto delito de peculado. El ilícito se habría perpetrado en enero del 2012, cuando él era Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La denuncia se presentó ese año en la Fiscalía y se reabrió en marzo del 2018. En este caso se indagan presuntas “irregularidades” en la contratación de una empresa que ofrecía servicios de call center para agendar citas en el IESS. Un año después de la presentación de la queja judicial, la Contraloría General emitió un informe con indicios de responsabilidad penal.
En el escrito se establece que en la contratación hubo “pagos en exceso y sin sustento legal”. Además, el documento revela que habría un perjuicio para el Estado de USD 1,2 millones, porque “se incluyó documentación injustificada e información de pagos no contemplados en el contrato”.
Otra de las irregularidades que se mencionó en el informe del ente de control es que esa empresa “no cumplió con el equipamiento, software, recursos humanos, horarios de atención, y eso afectó directamente a los usuarios del IESS”. González, quien se encontraba prófugo de la justicia en el Perú, fue capturado en ese país el pasado 9 de abril.
Luego, la Corte Nacional envió la solicitud de extradición del exfuncionario a las autoridades peruanas. Esta semana está previsto que haya una respuesta al pedido de la Corte, para el retorno del exministro. González tiene otros tres expedientes abiertos por supuesto tráfico de influencias, defraudación tributaria y otro que también es por peculado.
Según el Código Penal (art. 278), este último delito es sancionado con cárcel de 10 a 13 años. El año pasado, la Fiscalía recibió 337 denuncias por este ilícito a escala nacional. Las provincias con más casos son Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Cotopaxi.
En el informe que emitió la Contraloría, además de González se menciona a 35 personas más, entre ellas a María Sol Larrea, excoordinadora general del Seguro Social, quien el año pasado completó una condena por tráfico de influencias y actualmente sigue recluida en la cárcel de Latacunga porque todavía paga otra pena de 20 meses de prisión por enriquecimiento ilícito.
En este caso de peculado, reabierto el año pasado, después de conocer el informe con indicios de responsabilidad penal, el fiscal de la causa ordenó que se realizara un peritaje a la contratación. Pero el caso pasó a otro agente, quien dispuso que no se realice esa diligencia y solicitó a una jueza que archivara la indagación.
En marzo del 2014, una magistrada ordenó que se extinguiera el caso de peculado. Por ese fallo judicial, en el 2015 la Judicatura sancionó a la jueza, porque no habría fundamentado la resolución. La entidad resolvió suspender 30 días a la magistrada, sin sueldo.
Finalmente, el caso se reabrió. Aníbal Carrera, exproveedor del IESS, fue quien hizo que se retomara la indagación y presentó nuevas evidencias. Los abogados de González, Raúl Rosero, y de Larrea, Emiliano Donoso, en breves declaraciones aseguraron desconocer de esta nueva indagación contra sus clientes. Entre las pruebas que se presentaron para reabrir el caso constó el informe de Contraloría, el fallo mediante el cual se archivó la causa y la sanción de la Judicatura contra la magistrada que tomó esa decisión.
También se adjuntó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que sentenció este caso por colusión y dictó la nulidad del contrato entre el IESS y la empresa proveedora de servicios de call center. Ahora, el expediente reposa en la Fiscalía. Aníbal Carrera espera que las investigaciones avancen. Por eso, el viernes de la semana pasada envió un oficio a la fiscal general, Diana Salazar. En ese escrito le solicitó una reunión para hacer un seguimiento de la indagación. (El Comercio)