Tres vías y dos puentes de la provincia de Manabí fueron observados por la Contraloría General del Estado por irregularidades detectadas durante la contratación de esas obras.
El examen especial lo ejecutó la entidad a los contratos de los tramos viales Bahía – San Vicente, en el puente Los Caras, Junín – Pimpiguasí y Portoviejo – Santa Ana, donde además se realizó la construcción del puente Bonce. Según la entidad de control, se encontraron pagos no justificados por USD 754 588,72.
El período analizado fue entre los años 2016 y 2017 en el marco de los trabajos que se realizaron por la reconstrucción tras el terremoto de hace cinco años que afectó a Manabí y Esmeraldas, en la Costa del Ecuador.
Entonces, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobó un contrato emergente para la reparación de vías y construcción de puentes por un monto de USD 4 814 884,15.
En general, la Contraloría halló pagos duplicados, incumplimiento de normativa y errores de cálculo en la reparación de las carreteras. También se encontraron fallas en la fiscalización de las obras y ausencia de controles. Una de las irregularidades sucedió en el transporte de materiales por parte de la contratista.
Contraloría concluye que este rubro se facturó de forma independiente, lo cual generó un pago injustificado por USD 653 826,19 a la constructora.
En ese sentido se inobservaron las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes.
Las fallas para el cálculo en la cantidad de material efectivamente transportado, a los lugares de las obras y hacia las escombreras, ocasionaron un pago adicional de USD 100 762,53 a la adjudicataria de las obras.
Un dato que llama la atención es que se haya utilizado un estudio realizado tras el fenómeno de El Niño en 2008. Con esos documentos se sustentaron los estudios para la construcción del puente Bonce, ubicado sobre la vía Portoviejo-Santa Ana.
Las obras en el viaducto Los Caras no se cumplió debido a que se procedió a una supresión justificando un aparente caso fortuito. Esto sucedió porque supuestamente en el país no se producen aisladores sísmicos que necesitaba el puente luego de los problemas registrados por el terremoto.
“El equipo de control señala que este requerimiento constó en el contrato y que el argumento de la contratista no se enmarcó en la definición de caso fortuito o producido por efectos de la naturaleza, que consta en el artículo 30 del Código Civil”, indica el comunicado de la Contraloría.
El Frente Cívico de Manabí conoció sobre estos hallazgos después que se hicieran públicos este jueves 30 de septiembre de 2021. Su presidenta, Patricia Briones, dijo que analizarán el alcance de las conclusiones por cuanto han venido reclamando el cumplimiento de obras pendientes.
Una de estas es el puente Bahía-San Vicente, que no ha sido protegido conforme a lo que se señaló técnicamente después de sucedido el terremoto.
Las conclusiones de la Contraloría se conocieron en el marco de una visita que hizo a Manabí el encargado de ese órgano de control, Carlos Riofrío.
El funcionario recorrió el centro de Portoviejo, el miércoles 29 de septiembre de 2021. Ahí constató las aparentes fallas que tiene el sistema de soterrado de cables que se contrató mediante un plan denominado Priza.
La obra fue realizada por la Corporación Nacional de Electricidad y entre los problemas detectados están fluidos de agua dentro de las cajas de revisión eléctrica. Autoridades del cantón vienen alertando que esto podría ocasionar un corto circuito. (El Comercio)
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