Un informe de 55 carillas, en la mitad de un expediente judicial de 21 000 páginas, concentrará el debate de hoy en una audiencia crucial en la que se enfrentarán la empresa pública Petroecuador y la constructora Norberto Odebrecht S.A.
El documento, elaborado por una perita acreditada por el Consejo de la Judicatura, fija en $174,7 millones el monto que Odebrecht le reclama a Petroecuador como indemnización por haber declarado la terminación unilateral del contrato para la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, una obra adjudicada a la brasileña por $369,9 millones en octubre del 2013 y cuestionada por sobreprecios, sobornos y fallas en su construcción.
En los $174 millones demandados por daños y perjuicios, Odebrecht incluye $50 millones por planillas impagas y $39 millones por la terminación y resolución del contrato, lo que suma $89 millones. Sin embargo, la perita contable agrega $75,4 millones, de los cuales $6,6 corresponden a los intereses por las planillas y $68,8 millones por la utilidad que la contratista habría dejado de ganar al haber quedado inhabilitada como proveedor del Estado.
La cifra de la demanda, calculada a febrero del 2018, suma $164 millones. Pero, a febrero del 2020, el monto con intereses llega a los $174,7 millones.
“Disculpe, tengo una cláusula de confidencialidad, no le puedo atender; este tema se ventila en los tribunales”, dijo el viernes el jurista Efraín Pérez Camacho, director de la Corporación de Estudios Estade, organización que asumió la defensa de Petroecuador desde el pasado 27 de diciembre.
Ese día, en vísperas del feriado de fin de año y a dos semanas del juicio, Petroecuador y Estade firmaron un contrato por $400 000 para la asesoría y patrocinio legal en del proceso 09802-2018-00209, que se tramita desde el 9 de marzo de 2018 en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo n.º2 de Guayaquil, formado por los jueces Luis Romero Abad, Carlos Jaramillo Montesinos y Xavier Sandoval Valverde.
Este juicio “merece una dedicación exclusiva”, justifica Petroecuador, “en virtud del volumen y la trascendental importancia.., puesto que como Estado ecuatoriano no sería factible correr el riesgo de que la demanda sea declarada con lugar, lo cual conllevaría a que seamos los únicos a nivel regional que perdamos frente a la compañía Odebrecht S.A.”.
El riesgo aumenta en los tribunales distritales de Guayaquil, donde la constructora ha ganado total o parcialmente el 79% de los juicios planteados, por ejemplo, por el Servicio de Rentas Internas, según un informe del SRI basado en las sentencias recibidas por Odebrecht del 2007 al 2017. En ese lapso, el Estado perdió $45 millones de los $57 que el SRI le reclamó judicialmente a la petrolera.
En el juicio actual por la terminación del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca, Odebrecht alegó que el proceso se desarrolle en Guayaquil, sede que señaló como su domicilio y que prevaleció ante los reclamos de Petroecuador que buscaba que el juicio se ventilara en la capital. Según el contrato, al tribunal distrital 1 de Quito le compete la sede judicial.
“Consideramos que nuestra controversia con el Estado debe ser resuelta imparcialmente por las instancias correspondientes”, señaló Odebrecht en un comunicado la semana pasada. Ahí detalló que Petroecuador dejó de pagar las planillas de la obra desde octubre del 2015, sin embargo, agrega que la compañía terminó la obra y la entregó “en operación” en febrero del 2017.
Odebrecht ha presentado 75 pruebas a su favor, entre ellas oficios que habría emitido Petroecuador para aumentar presupuestos, planillas pendientes de pago y aprobadas por la fiscalizadora del poliducto, o autorizaciones de nuevos plazos.
La lista de pruebas de Petroecuador también suma 75, que incluyen informes de problemas del poliducto desde la operación de su primera y segunda fase, fallas en el sistema eléctrico, fisuras en los taludes y vías en la terminal de Cuenca y novedades en la terminal de La Troncal, bombas en mal estado. La audiencia de juicio convocada para las 09:00 de hoy en Guayaquil se cumpliría ocho meses después de la audiencia preliminar, realizada el 7 de mayo del año pasado. (El Universo)