Han sido muchas las lecciones que nos deja la pandemia provocada por el COVID-19, el confinamiento nos ha permitido visibilizar ciertas realidades que antes de la emergencia sanitaria ni siquiera imaginábamos.
El mundo cambió. Y este cambio requiere de un reinicio de criterios que permita a las naciones del mundo encaminarse hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, más justo y sostenible.
En 1945, la Organización de Naciones Unidas fue creada con el propósito de construir un camino hacia la paz, la inclusión, la justicia, la equidad y la sostenibilidad, en donde todos los países del mundo actúen juntos hacia el cumplimiento de objetivos comunes.
Sin embargo, el sendero por el que llevan transitando las Naciones Unidas ha dejado atrás a una nación que ha demostrado con éxito como combatir el COVID-19. Con menos de 500 casos y 7 muertes, Taiwán, que está ubicada frente a las costas de la República Popular China, ha demostrado ser totalmente eficiente en el manejo de emergencias sanitarias y además de eso, ha extendido ayuda a países con sistemas sanitarios colapsados con su lema “Taiwán puede ayudar”.
Sin embargo, a pesar de haber demostrado su eficiencia en el manejo de crisis sanitarias y de mostrarse totalmente dispuesto a compartir sus experiencias, la OMS y la ONU continúan negando a Taiwán la posibilidad de participar como observador debido a las presiones de la República Popular China por reclamarlo como una provincia suya.
El gobierno de la República de China (Taiwán) además de estar facultado para representar a sus 23,5 millones de habitantes tiene el deseo de contribuir al mejoramiento económico y sanitario del mundo ante la inminente crisis que lo golpea.
Por esto, en coherencia con los preceptos con los que fue fundada, la ONU, debería actuar en favor de los derechos de los seres humanos y velar por un trato equitativo y libre de presiones e intereses políticos, permitiendo a Taiwán participar como observador.
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