La agresión a una mujer con discapacidad, dedicada a la venta callejera de productos, impulsó a la Defensoría del Pueblo a estudiar una «ordenanza modelo» para presentarla a los municipios, a fin de regular el trabajo informal, explicó su titular, Freddy Carrión.
«Esta ordenanza busca regular el trabajo informal sin necesidad de violentar los derechos humanos y de esta manera también proteger los espacios físicos y ornamentales de la ciudad», dijo Carrión.
Consideró que los municipios deben sensibilizarse ante la situación que enfrenta el país, pues la crisis económica, agravada por la pandemia del coronavirus, ha provocado un aumento del trabajo informal.
Sobre la agresión que sufrió el pasado martes la comerciante informal cerca Durán (Guayas), indicó que la Defensoría del Pueblo ha interpuesto medidas que deberá cumplir ese cabildo.
Entre ellas, el acompañamiento psicológico para la víctima, la separación de la funcionaria involucrada y que el Municipio otorgue un empleo formal a la vendedora para reivindicar sus derechos.
Investigaciones abiertas
El pasado miércoles, la Fiscalía informó que investiga el caso por supuesta tortura y abuso de autoridad contra la mujer que fue amarrada a un poste y sufrió otras vejaciones, según se muestra en un video que se viralizó en redes sociales y que ha generado indignación en el país.
El alcalde de Durán, Dalton Narvaéz, presentó una denuncia en la Fiscalía contra la ahora exagente municipal, involucrada en el caso contra la mujer que sufre de una discapacidad auditiva y de lenguaje.
«Mi hermana permaneció treinta minutos atada, la dejaron sola, nadie la ayudó, pudo quedarse así hasta la noche, gracias a Dios ella misma pudo liberarse pero, sinceramente, no sabemos cómo lo logró», dijo Dayana Talledo, hermana de Grace, la víctima.
Contó que Grace vive con su madre y hace cinco meses empezó a vender artículos que otras personas le regalaban para ayudar económicamente a su familiar.
Según Yolanda Rivera, abogada de la víctima, tras la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el pasado miércoles, se prevé conocer el 29 de octubre la sentencia por el delito de odio. EFE
El Código Integral Penal establece para ese tipo de delito una pena de uno a tres años, lo cual podría agravarse por la situación de la perjudicada, pues tiene discapacidad.