Cuando no muere en el impacto, la víctima de un accidente de tránsito llega a la sala de urgencias con hemorragias, fracturas y cortes en la cara, brazos y piernas. La piel salpicada por los vidrios del parabrisas del vehículo o de sus ventanas.
Los heridos por siniestros viales, que en el primer semestre del año fueron 9.575, ocupan el 60% de la capacidad de las unidades de emergencia hospitalaria en el país, según las estimaciones de las entidades de tránsito cuyas cifras no incluyen, por ejemplo, los lesionados en zonas rurales con poco acceso a la cobertura de salud, los gastos de sus familiares, los modelos de vehículos más accidentados o el sobrecogedor número de huérfanos por las muertes en las vías.
Las estadísticas las recogen de manera dispersa la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el ECU-911, el Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat), el Ministerio de Salud (MSP), el de Transporte (MTOP) o la Judicatura. Hace un año, cuando se firmó la iniciativa del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se acordó unificar esa estadística para tomar decisiones con base en datos reales y se fijó este punto como el primero de 42 compromisos, hoy resumidos en 38.
Al cabo de un año, esa tarea no se ha cumplido, al igual que otras 28 acciones del acuerdo, entre ellas la número dos: la creación de un ‘plan estratégico de comunicación nacional sostenible de prevención de accidentes viales’. En los registros del Servicio de Contratación Pública, este año, no constan inversiones sobre el tema.
Del 1 al 8 de ese mes, por la Semana de la Seguridad Vial, en Ecuador lo que hubo fueron caminatas, ferias, homenajes, volanteos o paseos ciclísticos.
Otras acciones pendientes del Pacto son la revisión de las normas de seguridad en las terminales terrestres, reformas a reglamentos para el transporte de mercancía peligrosa, auditorías a programas de seguridad vial, la creación de políticas para la capacitación y formación de conductores o la revisión del sistema de licencias.
“Existen compromisos políticos gremiales”, critica Guillermo Abad, director de Justicia Vial, al explicar por qué el Pacto está retrasado. Este veedor defiende que el curso de conducción sea obligatorio, que se incluya la materia de educación vial en los planteles y que la oficina de atención a las víctimas sea más eficiente.
La creación de esta oficina es una de las nueve acciones contempladas en el Pacto y que registran avances. “Están implementadas desde el 2 de enero de 2018; 11 ciudades ya cuentan con oficinas”, dijo el director de Sppat, Miguel Martínez. En ellas se asesora a familiares de fallecidos o heridos sobre los programas que los benefician, aunque no todos los conocen.
Omaira Calderón perdió a un hijo en el accidente en el que murieron los barcelonistas en la vía Cuenca-Molleturo, hace un mes, y tuvo que enfrentar gastos de pasajes, alimentación y medicinas para la recuperación de su otro hijo hospitalizado.
“Ante algún siniestro de tránsito un equipo se desplaza hacia diferentes puntos para mejorar esa atención al ciudadano”, asegura el ministro de Transporte, Boris Palacios, y resalta la creación –en diciembre pasado– del Consejo Consultivo de Seguridad Vial, que sesionó por primera vez en julio pasado.
“En seis meses casi que no nos convocaron. Ya a la cansada, tanto de solicitar nos convocaron”, dice la delegada de las organizaciones sociales en ese consejo, Patricia Herrera, directora de la Fundación Cavat, que ofrece ayuda a familiares de las víctimas viales. “Yo no le estoy diciendo que no hay acciones, lo que le estoy diciendo es que hay una vaga circulación entre las organizaciones sociales y la gerencia del Pacto. No hay mayor cosa, todos los colectivos se quejan de eso”, dice.
Con ella coincide el secretario de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas, Ricardo Rocco, quien de forma independiente asegura que envió una propuesta a la Asamblea para, entre otros puntos, disminuir los costos de los accesorios de protección de los motociclistas y disminuir tasas y multas.
Por su parte, el presidente de uno de los colectivos, la Federación Nacional de Transporte liviano, mixto y mediano del Ecuador (Fenacotrali), Napoleón Cabrera, afirma que las acciones no van a servir sin una capacitación agresiva, obligatoria y permanente a los conductores. Cabrera respalda las revisiones técnicas vehiculares, pero critica los cobros de los municipios por estos servicios. “Si son tan patriotas, está establecida una revisión que pagamos los transportistas y las otras revisiones que se lo hagan, pero sin costo. Ellos también están obligados a aportar a la seguridad vial”, cuestiona.
El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, pide que le pregunten por su trabajo en la ATM y no por el Pacto, a cuyo acto envió a un delegado. “¿Por qué sigue existiendo revisión visual, por qué no hay revisión técnica a los buses? Dígame, qué ciudad tiene este programa (muestra el plan informático de monitoreo de buses en Guayaquil), 3.500 choferes capacitados desde febrero del 2017, 73.000 ciudadanos capacitados en planteles y barrios. Lo que no me gusta son las reuniones donde no se concreta nada”, afirma.
En cambio, el ministro Palacios estima que el Pacto tiene un 50% de avance y que otro punto pendiente, la educación vial como materia, sería una realidad, “al menos en ciertos niveles de educación”, el próximo ciclo Sierra. Se reubicarán, dijo, los fotorradares que hay en los 520 puntos de la red vial estatal y que tienen mayor frecuencia de accidentes. (El Universo)