La prefecta de Pichincha Paola Pabón tiene desde este martes orden de prisión preventiva, emitida por el juez Julio Arrieta, presidente de la Corte de Justicia de esa provincia, como parte de las investigaciones por su supuesta participación en un plan desestabilizador durante las protestas a nivel nacional que duraron cerca de dos semanas.
Para su asesor Christian G. también se emitió orden de prisión preventiva y su otro colaborador Pablo D. tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad. Los tres fueron detenidos el lunes en allanamientos realizados por la Fiscalía.
Se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, que habla de quien promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.
La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Corte Provincial de Pichincha desde las 05:00 locales del martes, debido al fuero de Corte que cobija a la actual prefecta. Cerca de seis horas duró la diligencia y fue el fiscal provincial Alberto Santillán quien sustentó la formulación de cargos.
Mientras, Fiscalía allanó la noche del lunes la oficina de un partido político y como parte de los indicios para la investigación se encontraron cinco computadoras portátiles, dos CPU y dos celulares, según informó en su cuenta de Twitter.
Allanamientos y reacciones
Los sospechosos fueron trasladados desde la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía a la Corte de Pichincha a las 04:20 del martes. Todos fueron detenidos en un operativo simultáneo iniciado 24 horas antes de este traslado y en el que un total de siete viviendas fueron allanadas.
La Fiscalía habría presentado seguimientos autorizados para chats de teléfonos celular, seguimientos en la Prefectura de Pichincha y se habría ubicado material de protesta contra el Gobierno Nacional.
Roberto Aguilar, abogado de Paola Pabón, aseguró que la Fiscalía no presentó evidencias de que haya cometido un delito la prefecta y solo presentó unas conversaciones de chat que no revelarían nada, a su decir.
En la lista de personas a las que se les requería detener con fines investigativos estaba también el exasambleísta de Alianza PAIS y actual coordinador Jurídico de la denominada Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y el esposo de la actual legisladora Gabriela Rivadeneira, Luis Alberto Flores. Tanto Rivadeneira como Flores se mantienen con protección del Gobierno de México en la Embajada en Quito. (EL UNIVERSO)