La movilización indígena y social del lunes 29 de septiembre en Ambato no fue un paro ni un levantamiento, sino una advertencia.
Así lo señalaron los dirigentes del Parlamento de los Pueblos y Sectores Sociales de Tungurahua, que concluyeron su marcha en los exteriores de la Catedral y entregaron a la gobernadora Daniela Llerena un pliego con 13 peticiones.
El documento sumó cinco puntos adicionales a los entregados el viernes 26. La respuesta la esperan este martes 30 de septiembre, a las 16:30.
Los dirigentes advirtieron
Raúl Masaquiza, del pueblo Chibuleo, indicó que la marcha “solo fue una muestra del descontento”, pero advirtió que si no hay respuestas podrían cerrar vías.
Tránsito Manobanda, también dirigente de Chibuleo, aseguró: “No vamos a abastecer a la ciudad ni a dar paso al agua si siguen diciendo que somos terroristas. Nosotros no somos terroristas, somos cabildo y dirigentes”.
Sobre el precio de los productos, mencionó que se mantienen los precios, pero en cambio los dueños de los transportes les han subido el valor de las carreras hasta en un 50%, en determinados casos.
Desde Salasaka, Martha Chango pidió respeto a los pueblos: “No nos repriman ni nos maten. Señora gobernadora, vístase de pueblo y camine con nosotros. Queremos diálogo, no persecución”.
El gobernador del pueblo Quisapincha recalcó que las comunidades viven los efectos del alza del diésel en el campo y que la marcha, por ahora, fue pacífica: “La eliminación del subsidio nos afecta porque trabajamos con tractores. Buscamos consenso, no imposiciones”.
“Hay falsos dirigentes que buscan confundir”
La gobernadora Daniela Llerena recibió el pliego y aseguró que será remitido al presidente. Negó que se haya calificado de “terroristas” a los indígenas, pero sí a los infiltrados que causan terror en las manifestaciones en Imbabura y rechazó que existan denuncias personales contra dirigentes de Tungurahua.
“Hemos visitado las comunidades con ayuda y no a título personal. Hay falsos dirigentes que buscan confundir”, declaró mientras era interpelada con gritos de “mentirosa” en el atrio de la catedral.
Las 13 exigencias del Parlamento de los Pueblos
- Derogatoria inmediata del Decreto 126 y construcción de un plan de transición con focalización justa del diésel para pequeños productores y transportistas comunitarios, con activación automática ante desastres, auditoría social real e inversión en turismo comunitario.
- Reducción del IVA al 12%, fin de impuestos regresivos y establecimiento de una justicia fiscal progresiva que cobre a grandes evasores y fortunas.
- Declarar en emergencia salud y educación, garantizar el acceso a todos los servicios y pago de deudas atrasadas con los sectores para el buen vivir.
- Pago de la deuda a Gobiernos Autónomos Descentralizados, el pago de esta deuda da el acceso a los derechos ya adquiridos de todo el Ecuador y disminuye la deuda pública hacia los ciudadanos.
- Equiparación salarial real, garantizando que el ingreso básico cubra la canasta familiar y se acerque a los estándares internacionales tomando el ejemplo de los datos de Estados Unidos que el propio gobierno invoca para justificar ajustes.
- Cese inmediato de la represión y la criminalización: libertad de todos los detenidos, cierre de procesos por “terrorismo” contra dirigentes sociales, devolución de fondos congelados a organizaciones.
- Verdad y justicia por las muertes y violaciones de derechos humanos: creación de una comisión independiente con participación de organizaciones sociales y organismos internacionales para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de Estado.
- Restitución de TV MICC y medios comunitarios, sanción a funcionarios que ordenaron censura y transparencia total en la distribución de pauta oficial.
- Rechazo absoluto a la Asamblea Constituyente impuesta por decreto; respeto a la Constitución de Montecristi de 2008, su carácter plurinacional y la independencia de funciones del Estado.
- Suspensión de privatizaciones y fortalecimiento del Estado social: salud y educación con presupuesto suficiente, transparencia en empresas públicas y recuperación de sectores estratégicos.
- Revocatoria de licencias mineras en Loma Larga-Kimsakocha, Palo Quemado y Las Naves; paralización de rondas petroleras Suroriente y Subandina, respeto a consultas populares y derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.
- Prohibición de bases militares extranjeras y defensa integral de la soberanía nacional.
- Transparencia en deuda pública y contratos estratégicos, con control social y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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