Diario La Hora.- El Consejo de la Judicatura (CJ) advierte de un “incremento exponencial” de solicitudes de seguridad y patrullaje realizadas por agentes fiscales, jueces, notarios y otros operadores de justicia a escala nacional.
En 2019, la Fiscalía y la Policía recibieron 12 solicitudes de seguridad en todo el país, en 2020 recibieron 9 pedidos y en 2021 fueron 12. Pero en 2022 la cifra llegó a 51.
A la Judicatura le alarma que solo con corte a marzo de 2023, los pedidos de seguridad ya bordean los 30. “Esta cifra implica que habrá un aumento de pedidos de seguridad de funcionarios a escala nacional”, alertó el secretario de la Judicatura, David Guzmán.
Por otra parte, se registra un déficit de atención a los pedidos de seguridad individual de jueces y fiscales. De los 97 pedidos que se realizaron en 2019, solo se atendieron 51 (53%). El déficit es de 47%.
Esto demuestra, dijo David Guzmán, que hace falta mayor coordinación entre las diferentes entidades que tienen bajo su competencia la seguridad de fiscales, funcionarios y servidores administrativos que también se sienten afectados por las amenazas de grupos armados y delincuenciales.
Las cifras las difundió durante una reunión convocada por Wilman Terán, presidente del CJ, el 10 de julio de 2023, en la que participó el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas; delegados de la Fiscalía, ministerio del Interior y Defensoría Pública para coordinar medidas de seguridad integral para los usuarios y servidores del sistema de Justicia.
En medio del encuentro, Wilman Terán alertó que desde el 23 de febrero de 2023 la Función Judicial es víctima de ataques sistemáticos generalizados que no pueden ser vistos de manera aislada.
Terán se refirió, por ejemplo, a que el 1 de marzo se reportó una amenaza de bomba en la Judicatura de Manabí, el 17 de marzo en el edificio de la Judicatura en Quito, y el 6 de junio en Santo Domingo.
El 2 de junio, la unidad de Esmeraldas y Quevedo también sufrieron atentados, y el 7 de julio se reportó la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Judicial de Portoviejo, que dejó tres personas heridas, entre ellas a una adolescente de 14 años.
También recordó el ataque contra un juez de Manabí; y la muerte violenta de un fiscal de Durán. Aseguró que la entidad a su cargo trabaja en un protocolo de protección a la integridad física y vida de los servidores judiciales.
Consejo de Política Criminal
Durante la reunión, Paúl Pérez Reina, exfiscal general y exfiscal de la Unidad Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado, recordó que a partir de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado que se aprobaron en la Asamblea se creó un Consejo de Política Criminal.
Una de las ventajas de esta instancia es que permite crear espacios interinstitucionales donde participen instituciones públicas encaminadas a establecer procedimientos de seguridad y profundizar la aplicación de la cooperación eficaz.
Esta es una técnica especial de investigación penal que viabiliza la entrega de información entre todos los niveles de los operadores de Justicia para “desvertebrar” las estructuras criminales.
Pérez Reina planteó además tomar el ejemplo de Colombia donde se ejecutan operativos encubiertos. Dijo que, desde 2015, en Ecuador está en vigencia un reglamento para la aplicación de una unidad especializada de agentes encubiertos pero la Policía no la ha puesto en práctica. (SC)
Colaboración eficaz o escuchas telefónicas
Jorge Zuñiga, catedrático en temas de seguridad de Perú -otro de los invitados por Wilman Terán-, expuso la necesidad de una mayor coordinación entre los cuerpos de seguridad y los actores de la Justicia de modo que la operatividad sea frontal y efectiva.
Entre otros elementos mencionó que para el fortalecimiento de la persecución penal no solo se requiere aumentar los años de prisión, sino nuevos mecanismos para perseguir al crimen organizado como la colaboración eficaz, o que las propias organizaciones empiecen a tener problemas sistémicos.
Algo que podría golpear el interior de las organizaciones es contar -previo autorización de jueces y fiscales- con sistemas de escuchas telefónicas en tiempo real, indicó.