En abril del año pasado, la Contraloría General del Estado inició un examen especial a la aplicación de los fondos utilizados en los estudios, planes, proyectos y campañas que fueron parte del ‘Plan nacional integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo’. Curiosamente, no encontraron mucho para analizar porque el plan, instituido por decreto presidencial en 2011, nunca fue implementado.
Según el informe, aprobado a fines de febrero, en un periodo de seis años (2013 a 2018) lo único realizado con respecto a la implementación del plan fue la contratación directa de una consultoría para determinar estrategias, implementación de un sistema de registro de casos, seguimiento y protección de víctimas. Costó 39.200 dólares, pero el producto final, entregado en 2013, quedó archivado en seis discos en las oficinas de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, y nunca se determinaron ni publicaron parámetros nacionales para la prevención.
El análisis establece que la institución ni siquiera solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Lo más grave de este balance, sin embargo, es que según la entidad de control, las fallas en la articulación del proyecto se pueden medir en cifras, las cuales preocupan. “La falta de cumplimiento provocó un incremento del 315 % de casos desde 2017 hasta junio de 2018”. Un total de 6.736 víctimas.
Los motivos para no desarrollarlo, según los funcionarios responsables en el periodo del examen, son múltiples.
María Fernanda Porras, quien se desempeñó como directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir de 2011 a 2015, indicó que reportó en varias ocasiones “las dificultades para atender los casos en el territorio”, pero que sus advertencias no fueron tomadas en cuenta y que tenía limitaciones para coordinar el financiamiento del plan, puesto que “decretar una política de cerotolerancia (…) solo puede ser definido por la máxima autoridad, y yo no tenía estas atribuciones y responsabilidades”.
En su descargo, Augusto Espinosa, ministro de Educación de 2013 a 2016, indicó que el hecho de que no hubiera uso de un fondo específicamente relacionado al plan, no quería decir que los fondos del ministerio no se utilizaran para desarrollar acciones contra la violencia sexual en escuelas y colegios. “Los objetivos del plan (…) se implementan mediante el uso de recursos del gasto corriente e inversión, establecida en proyectos aprobados que tienen relación con la erradicación de los delitos sexuales”, subrayó.
Este y otros funcionarios citados dentro del informe explican una serie de medidas aplicadas, entre ellas talleres y cursos de prevención desarrollados durante esos años en colegios públicos, algunos en colaboración con entidades internacionales como Unicef.
Pero si bien las acciones respaldan este fin, la información también visibiliza una realidad innegable: la mayoría de los proyectos responden a acciones tomadas a raíz de 2018, meses después de que salieran a la luz numerosos casos de abusos sexuales en colegios públicos y privados, y después de la aprobación del primer informe de la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, no fue hasta 2018 que se publicaron las guías de bolsillo digitales sobre los pasos a tomar en casos de violencia sexual. Las guías físicas recién se imprimieron en noviembre del año pasado.
También en 2018 se actualizaron los documentos con los protocolos a seguir para reportar y tratar estos casos. Así mismo, no fue hasta el año pasado que se crearon el sistema de registro y seguimiento de casos (el anterior derivaba los mismos a las Juntas de Resolución de Conflictos) y los convenios de cooperación con los ministerios de Justicia y de Salud; y se aprobó la intervención de unidades educativas con casos registrados o la aplicación de la obligatoriedad de pruebas psicológicas a docentes nuevos y antiguos (cuyas cifras aún no se transparentan).
“Las acciones tomadas fueron aisladas, sin articularse a ejes programados”, establece en sus conclusiones el informe de Contraloría. Hasta ahora no hay sanciones administrativas o civiles. (Expreso)