Dirigentes de la Plataforma de Derechos Humanos que agrupa a varios líderes sociales y ciudadanos que fueron procesados por los hechos del 30-S en Guayaquil, se reunieron con la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Zobeida Aragundi.
El encuentro se desarrolló, el pasado 9 de agosto, en el edificio de la Corte Provincial de Guayaquil y en él se solicitó al CJ que revise la actuación de los jueces y fiscales que conocieron los juicios relacionados con este tema.
Xavier Rojas, presidente de la Plataforma de Derechos Humanos, señaló que el objetivo de esta solicitud es determinar si en esos procesos judiciales hubo injerencia política.
En ese contexto, planteó la creación de una comisión que esté integrada por los miembros del colectivo, delegados del Consejo de la Judicatura, expertos en Derechos Humanos y en materia Penal.
“Hoy existe un nuevo escenario político en el país, tenemos autoridades que gozan del respaldo ciudadano y que harán cumplir la voluntad de la Consulta Popular del pasado 4 de febrero”, expresó.
Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien fue acusada por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo, también participó en la reunión. “Aquí estamos con los sentimientos encontrados no solo por mi caso, sino por el de muchos otros que fuimos víctimas del sistema de justicia al servicio del correísmo y la persecución política”, indicó.
La vocal Aragundi, quien estuvo acompañada por la secretaria general, Irene Valencia; el director nacional de Gestión Procesal, Esteban Echeverría; y los delegados provinciales; manifestó que planteará al Pleno del CJ, el pedido formulado por la Plataforma de Derechos Humanos.
“Este Consejo de la Judicatura de Transición tiene el deber ineludible de asumir las responsabilidades frente a la sociedad. La Constitución de la República garantiza los derechos de las personas y nuestras acciones deben estar enmarcadas en ella”, dijo Aragundi.
Durante su estancia en el Puerto Principal, las autoridades del CJ recorrieron el Complejo Judicial Guayaquil Sur (Valdivia). Ahí mantuvieron reuniones con los jueces que conocen casos de violencia.