El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, enfrentaría dos juicios políticos en la Asamblea.
El primer proceso se oficializará este lunes, a través del asambleísta Fabricio Villamar (CREO), con el apoyo de 52 firmas de sus colegas.
El segundo será resuelto el martes en la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Raúl Tello (BADI).
Ambos procesos buscan la destitución y censura. Aunque Tello no descarta que en el proceso de interpelación contra Tuárez se sume también otro al consejero Walter Gómez.
El juicio preparado por Villamar pone énfasis en la presunta falsificación de los documentos que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser candidato al CPCCS, lo cual refleja un comportamiento ajeno a la ética y moral.
Se responsabiliza a Tuárez de incurrir en la prohibición legal establecida en el numeral 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que no permite ser consejero a los representantes de cultos religiosos.
El actual presidente del CPCCS habría incumplido lo establecido en el artículo 208, numeral 4, de la Constitución vigente que obliga al propio organismo a investigar las denuncias sobre actos de corrupción; así como la falta de probidad para cumplir las funciones de transparencia que le corresponden por mandato de la Constitución y la Ley.
En este proceso existen firmas de respaldo de casi todos los sectores políticos de la Asamblea, exceptuando a la bancada de la llamada Revolución Ciudadana (RC).
Del bloque de Alianza PAIS retiraron sus firmas de respaldo al juicio los legisladores Jorge Corozo y Manuel Ochoa.
Por su parte, Tello afirmó que el juicio político a Tuárez, desde la Comisión de Participación Ciudadana es “definitivo” porque los hechos registrados en la sesión del pasado miércoles, en la que el funcionario no quiso dar información, abre una causal de incumplimiento de funciones; y otra motivación tiene relación con el proselitismo político que, a su criterio, realizó el presidente del CPCCS y que también alcanzaría a Gómez, quien fue citado el martes a dicha mesa.
Vicente Taiano (PSC) precisó que lo realizado el pasado miércoles por Tuárez no solo fue un exabrupto, sino una ofensa a la primera Función del Estado porque desconoció ser un funcionario sujeto a control político. Su actuar abre la puerta para un juicio.
Pabel Muñoz (antes de AP) precisó que está muy enredado un eventual proceso porque si se falsificaron documentos le corresponde a la Fiscalía determinar el delito; y que el incumplimiento de funciones aún no estaría dado porque tiene poco tiempo en el ejercicio.
Pero admitió que el miércoles cometió un error al no explicar a la Asamblea sus planes para el CPCCS.
Consejo pidió más presupuesto para este año
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, pidió presupuesto para el segundo semestre del año.
A finales de junio, Tuárez remitió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, un presupuesto para el segundo semestre que bordearía los $ 5 millones, según se informó extraoficialmente.
Los nuevos consejeros asumieron un organismo con un presupuesto mínimo que dejó el Consejo transitorio, que también enfrentó austeridad.
Para este año la cartera de Finanzas asignó al CPCCS
$ 9’562.696, pero el 23 de marzo pasado dicho ministerio notificó que se le disminuyeron $ 1’642.815,86.
Entonces, el total asignado fue de $ 7’919.881, de los que solo en salarios para los cerca de 400 servidores del Consejo se presupuestaron $ 8’674.974.
En sus primeros cinco días en funciones, Tuárez solicitó a la Contraloría realizar un examen al Consejo transitorio y ser recibido por el presidente Lenín Moreno y por el titular de la Asamblea, César Litardo. (El Universo)
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