Los ministerios del Interior y de Educación crearon el plan para prevenir los delitos, la violencia y proteger a las niñas, niños y adolescentes. Fue lanzado el pasado 14 de noviembre y cuenta con protocolos de actuación policial.
Pero Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señala que esto no se estaría cumpliendo y que la vigilancia es escasa en los 220 planteles fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales.
Los centros educativos beneficiados corresponden a la primera fase de intervención. Juan Zapata, ministro del Interior, ofreció que 2 000 uniformados se destinarían para los exteriores de los planteles a la hora de ingreso y salida de los estudiantes.
En ese listado constan 59 de Guayaquil, Durán y Samborondón, cantones con más sicariatos, muertes violentas, narcotráfico y extorsión. Además, en planteles de estos territorios se ha identificado una mayor problemática delictual.
La delincuencia también afecta a estudiantes de las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos y Cañar. La Policía tiene conocimientos que en estos espacios se recluta a los menores para el expendio de droga y sicariato.
Eso, igualmente, lo saben los padres de familia, pero se niegan a hablar por temor. Sonia tiene a su hijo en un plantel del barrio Cristo del Consuelo, donde en agosto pasado hubo atentado por explosión. “Esta zona es apetecida por las mafias. Aquí se vive con miedo”, comenta.
Poca vigilancia
Para la titular de la UNE, la inseguridad es un tema grave y el microtráfico ha reclutado a muchos menores. Por eso cree que la vigilancia policial a las 220 instituciones educativas es minúscula.
En el Ecuador hay 16 095 planteles: 7 447 están en la zona urbana. Vargas conoce que la mayoría reporta problemas. En muchos colegios se han encontrado paquetes con sustancias sujetas a fiscalización en las mochilas de los chicos.
Como parte de los protocolos de delitos, el plan Escuelas Seguras establece que los policías actúen en caso de alguna alerta o delito flagrante. Y dentro de los planteles lo harán con los agentes de la Dinapén, para no vulnerar los derechos de los menores.
Cuenca no se beneficia de la vigilancia policial, a pesar de que muchos padres de familia aseguran que en los exteriores de varios colegios del centro de la ciudad se expenden sustancias prohibidas y los robos son constantes.
Eso lo confirma Juan Carlos Reyes, docente y coordinador del Movimiento Educación Segura de Cuenca. “Los expendedores de drogas abordan a nuestros estudiantes con amenazas o son asaltados”.
Los parques y sitios circundantes a los colegios se han convertido en los puntos de distribución del narcotráfico. Con frecuencia se encuentran zapatos colgados de los cables de alumbrado público, lo cual es la marca de las pandillas y venta de droga.
Reyes dice que han solicitado la vigilancia de la Policía en las tres jornadas. “Sabemos que no tienen el personal suficiente, pero al menos deben realizar patrullajes para ahuyentar a los desconocidos”.
Y ante esto, los padres de familia se turnan para activar brigadas de seguridad, que les permitan tener cierta tranquilidad.
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