Para Fernando Villavicencio, uno de los autores del artículo periodístico llamado «Odebrecht y Otras Multinacionales Pusieron Presidente en Ecuador», es indispensable que la fiscal general Diana Salazar llame a declarar a los ejecutivos de las compañías que contrataron con el Estado y que habrían participado en la operación denominada ‘Arroz Verde 502’.
Él afirma que todas estas empresas deben explicar las circunstancias de los contratos que firmaron con el Estado ecuatoriano y las razones por las que erogaron otras cantidades para cubrir gastos relacionados a campaña electoral.
Por este caso se encuentran detenidas la exjueza de la Corte Constitucional y exasistente personal de Rafael Correa, Pamela Martínez, y la exasistente de esta, Laura T. Ambas permanecen internas en el Centro de Rehabilitacion de Cotopaxi, en Latacunga, mientras transcurren los 90 días de intrucción fiscal por una concurrencia real de delitos.
Además, Villavicencio señaló que las autoridades deben pedir nuevamente la versión del brasileño Geraldo de Souza, quien estaría relacionado con el exvicepresidente Jorge Glas.
«Lo mejor que le podría pasar a Pamela Martínez es someterse a una cooperación eficaz y así delatar a los líderes», considera.
El periodista aseguró que han podido verificar en su investigación que toda esta trama de corrupción se manejó desde la Presidencia de la República, desde el despacho de Rafael Correa (2007-2017) y su asistente personal Pamela Martínez.
Según Villavicencio, Fiscalía ya tendría en su poder documentos que hacen presumir que Correa conocía exactamente lo que hacía su asistente.
Además, se explicó que existirían centenares de correos electrónicos intercambiados entre las compañías contratistas del Estado y el equipo de coordinadoras de la Presidencia y Vicepresidencia de la República y del Ministerio Coordinador a cargo del exvicepresidente Jorge Glas.
Parte de ese equipo de coordinadoras que participó en el presunto ilícito aparte de Pamela Martínez sería María Augusta Enríquez, mano derecha de Vinicio Alvarado, y existirían indicios de que el código C1 OM, pertenecería a Olga Muentes, mano derecha de Jorge Glas.
Villavicencio finalmente dijo que los dineros entregados por empresas y compañías no solo sirvieron para la campaña electoral de Alianza PAIS sino también para sostener la propaganda de «un gobierno autoritario». (El Universo)
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