Luego de escuchar los argumentos de las partes procesales, y acogiendo el pedido de la Fiscalía, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha negó los recursos de apelación presentados por la defensa de Pamela M. y Laura T., ratificando la prisión preventiva dictada para ellas, el 5 de mayo de 2019.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en contra de las procesadas, debido a que existirían irregulares aportaciones a las campañas electorales de 2013 y 2014, por parte de empresas vinculadas contractualmente con el Estado (entre ellas Odebrecht), a través de un intrincado proceso de pagos en efectivo y cruce de facturas.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa de las procesadas solicitaron que se dispongan medidas sustitutivas, pues -argumentaron- no existía la motivación necesaria para que se haya dictado la prisión preventiva; y que los elementos de convicción presentados en la audiencia de formulación de cargos carecen de veracidad.
Por su parte, la fiscal Ruth Amoroso señaló que el pedido de prisión preventiva estaba totalmente motivado, cumpliendo con todos los requisitos para su aplicación, y que la defensa de las procesadas no presentó ningún tipo de arraigo social ni laboral que asegure su presencia en el proceso penal. Añadió que esta medida evita que se ponga en riesgo información o elementos que sirvan a la investigación de la Fiscalía, lo cual fue reconocido por los jueces.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha solicitado las versiones de funcionarios y exfuncionarios públicos y representantes de empresas nacionales y transnacionales. Además, se ha ejecutado el allanamiento de inmuebles en Quito y Guayaquil, y la incautación de documentación y equipos electrónicos de la Corte Constitucional y la oficina de control de bienes de la Presidencia de la República. (Boletín)
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