Los dos años y cuatro meses en funciones como ministro de Economía y Finanzas a Richard Martínez le significaron la instauración de cinco juicios políticos en su contra, que están a las puertas de ser procesados en la Asamblea Nacional.
La renuncia al cargo presentada por Martínez, el pasado 7 de octubre, no disipa las cinco solicitudes de juicio político que fueron presentadas contra el ahora exfuncionario.
Los asambleístas que plantearon el juicio son Yofre Poma y Juan Lloret (Revolución Ciudadana), Jimmy Candell (BIN), Vicente Taiano Basante (PSC) y Raúl Tello (BADI).
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el pasado 21 de septiembre los cinco procesos contra Martínez, pero estos aún no son notificados a la Comisión de Fiscalización reestructurada, presidida por Elio Peña (BIN-PK). Todo dependerá de la voluntad del presidente de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso, señala Peña. La semana pasada, la Comisión aprobó una resolución que solicita a César Litardo, presidente de la legislatura, derive todos los procesos de juicio político.
Los cinco procesos de juicio tienen relación con la falta de asignación de recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados; incumplimiento con el pago a los jubilados; afectación al presupuesto al sector de educación inicial, básica, bachillerato y superior; mal manejo de asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria derivada por el COVID-19; y un anómalo manejo en el pago de la deuda externa.
Martínez fue remplazado en esa cartera de Estado por Mauricio Pozo, excandidato vicepresidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) en fórmula con la actual alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y además fue ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Asumió las funciones el 8 de octubre pasado.
La renuncia de Martínez no lo exonera de responder ante el pleno por sus actuaciones, afirma el legislador Vicente Almeyda (PSC). Su partido cuestiona al funcionario por las medidas económicas tomadas en el 2019; la intención de eliminar sin consensuar el subsidio de los combustibles; los impuestos que pretendió instaurar; y que en la pandemia privilegió el pago a los tenedores de bonos antes que al Ministerio de Salud.
El exfuncionario no tendrá escapatoria, añade Almeyda, quien resalta la decisión del Ejecutivo de ubicar en esa cartera a Mauricio Pozo, pues dijo que el nuevo funcionario refrescará la línea económica del Gobierno. Este asambleísta cree “que será más sensible con la gente y más sensible con el tema impuestero”.
Juan Lloret, interpelante de Martínez, lamenta que el juicio político haya sido aprobado a las puertas de la renuncia del funcionario. A su criterio, demoró en salir del ministerio, pues hubiera evitado malos momentos a los ecuatorianos por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica –dice– incremento de impuestos y restricciones al gasto público.
Que es pertinente llevar adelante el juicio por los resultados de la última negociación con los organismos internacionales, pues a más de aprobar una censura, el proceso podría ser remitido a la Fiscalía por las consecuencias de carácter penal en el mal manejo en el pago de la deuda externa.
Desde la bancada de CREO, Luis Pachala comenta que esperará el desarrollo del proceso de fiscalización a Martínez, conocer las pruebas de cargo y de descargo, para tomar una posición como bloque frente a la interpelación planteada desde varios sectores políticos de la Asamblea. Vamos a evaluar objetivamente el proceso, dice.
El asambleísta también resalta la designación de Mauricio Pozo como el reemplazo de Martínez y destaca que es un hombre pragmático, técnico y que tiene claro el objetivo hacia dónde debe llevar esa cartera de Estado. (I)