Pese a que estaba definida desde la semana pasada se reinstale la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, a quienes se los acusa de haber sido parte de una organización para beneficiarse de forma ilícita de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de 30 camas para Pedernales, la diligencia se difirió a última hora.
No se han conocido aún las razones de por qué no se instaló la diligencia a las 17:00 de este miércoles en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como estaba señalado inicialmente, ni tampoco se conoce de la nueva fecha en la que se convocará a las partes procesales.
La reinstalación de la audiencia de juicio era únicamente para conocer de forma oral la resolución a la que llegaron los jueces nacionales Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías. El Tribunal suspendió la diligencia la tarde del martes 6 de abril último, luego de que se cumplieron cuatro días de audiencia de juzgamiento, y entró en una fase de deliberación antes de entregar su resolución de si encuentra culpables o inocentes a los procesados.
En esta causa la fiscal general Diana Salazar pidió para los tres investigados la pena de cárcel de nueve años y tres meses, el pago de una parte proporcional de los $ 8 millones dispuestos como reparación integral para el Estado y cancelen una multa de 20 salarios básicos unificados.
Como medida de reparación simbólica se dispuso que publiquen la sentencia de este caso en la página web del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y en dos medios de difusión masiva de las provincias de Pichincha y Manabí.
En este caso el exasambleísta Daniel Mendoza ha sido sentenciado a cuatro años y dos meses de cárcel; también se condenó a 34 meses de prisión al exasesor de la Asamblea, Jean Benavides; al exdirector del Secob, René Tamayo; el contratista Franklin Calderón; el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y los 40 meses de cárcel para Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público, José Santos.
Como prófugos de la justicia en este proceso permanecen el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector del Secob, Jorge Jalil. Contra ambos no solo existe una orden de prisión preventiva vigente, sino que mantienen un llamado a juicio en suspenso, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.