Sin UCI, tomografía, ni neonatología, así se construye hospital de Bahía de Caráquez

El hospital tiene un avance del 45%, será más pequeño que el afectado por el terremoto: tendrá 66 camas menos. El Ministerio de Transporte analiza incluir esas tres áreas que no se contemplaron. Pero no hay recursos. Además, se construye en un terreno que está en litigio.

Dos terremotos han dejado a Bahía de Caráquez, norte de Manabí, sin hospital. El primero, el de agosto 1998, cuya reconstrucción la concluyó en 2000 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y el segundo, el de abril de 2016: más de cuatro años después la nueva casa de salud se construye en medios de reclamos y con cuestionamientos a sus diseños originales.

Bajo el mismo patrón de Pedernales, la construcción fue adjudicada, por USD 26,931.848, a un consorcio llamado Bahía y que lo integran las constructoras Castro & Castro y RHR Rock & Hydro Resources.

La obra ya tiene un avance del 45%, pero es cuestionada por la Veeduría Ciudadana porque no contempla tres áreas clave: Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología y Tomografía.

El problema lo reconoce a PRIMICIAS el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, quien analiza el pedido de incluir esas tres unidades en la construcción.

“Ya se ha solicitado un estudio para ver si es factible. No podemos confirmar que esto sea posible. Así se contrató la obra, así estaban los diseños originales. El MTOP recibe esta situación, al absorber el Secob (Servicio de Contratación de Obras), y trata de solucionarla. Pero además el tema es económico”, explica el ministro.

Protestas de Veeduría Ciudadana

Según Martínez, el Ministerio de Finanzas, con los estudios aprobados de factibilidad, debe determinar si existen los fondos suficientes para firmar un contrato complementario y ejecutar las tres áreas reclamadas por la Veeduría Ciudadana. Su presidente, Luis Mendoza, amenaza con una protesta.

“Sin una Unidad de Cuidados Intensivos se está vulnerando los derechos de acceder a un sistema sanitario público integral de más de 200 mil habitantes de la zona norte de Manabí”, asegura el dirigente.

“Si hasta el 15 de agosto de 2020 no hay una promesa en firme, para los contratos complementarios, nos movilizaremos para que este hospital se haga como debe ser: con lo mínimo necesario para atender a una población necesitada”, advierte Mendoza.

Nuevo hospital, de 80 camas

El nuevo hospital Miguel H. Alcívar tendrá 80 camas. El anterior, que fue demolido, era de 146. “Era más grande y completo. Lo que han hecho es una vergüenza, para robar el dinero de los contribuyentes“, reclama el exasambleísta y exalcalde de Sucre, Leonardo Viteri.

De hecho, él era director del hospital tras el terremoto del 4 de agosto de 1998. “Enseguida hicimos los trámites para la reconstrucción. En menos de dos años estábamos inaugurando la nueva casa de salud. Ahora, esto es en un asalto sin nombre“.

Lo que Viteri también cuestiona -además de las tres unidades que se excluyeron- son los “débiles diseños antisísmicos”. “La Escuela Superior Politécnica del Ejército analizó los planos y concluyó que no cumple los estándares mínimos, considerando el antecedente de Bahía de Caráquez, que en los últimos años ha sido azotada por dos terremotos”.

¿Qué áreas tendrá la actual construcción? Aquí el desglose, según los informes del Ministerio de Salud:

Emergencia

Laboratorio

Imagenología

Diálisis

Consultorios

Centro obstétrico

Centro quirúrgico

Rehabilitación

Hospitalización

Morgue

Esterilización

Farmacia

Terreno ajeno y en líos

Aunque la nueva construcción es más pequeña, no se usó el mismo espacio demolido para levantar el nuevo hospital. Se escogió -sin estudios técnicos- un terreno a la entrada de la ciudad, que arrastra problemas judiciales, como ya lo había revelado PRIMICIAS. Se trata de un área de 3,8 hectáreas que no pertenece al Estado.

Los dueños de aquel predio son dos compañías deudoras del Estado. De hecho, los propietarios negocian un acuerdo para venderlo y saldar su deuda con el Banco Central del Ecuador. Es lo que ha señalado el apoderado legal de las empresas, Ricardo Ruperti.

El fiscalizador, preso

El contrato de fiscalización también ha sido salpicado por las denuncias de corrupción. Fue adjudicado por USD 1,305.980 (más IVA) a la empresa Joalnapi.

El representante de la fiscalizadora es Franklin Calderón, a quien la Fiscalía identifica con el alias “Banquero”: fue detenido por lavado de activos y posteriormente vinculado al caso del exasambleísta Daniel Mendoza por delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales.

Joalnapi sigue a cargo de esta obra.

Además, la administradora del contrato del hospital de Bahía de Caráquez, por parte del Secob, es la funcionaria Jennifer Beatriz Cobeña Moreira, también detenida por el caso Pedernales.

Entre las adjudicaciones de Bahía de Caráquez y Pedernales se repiten personajes, diseños, patrones. La diferencia: el primer ya está en construcción, algo difícilmente de revertir. El plazo de entrega es de 420 días, que se cumple en noviembre próximo. Aunque, tal como va el avance, será un tiempo difícil de cumplir, según la Veeduría Ciudadana.

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