Camino de prisa por la avenida Amazonas y Pereira. Esquivo las bicicletas, autos, buses y transeúntes que van a su destino en este Quito Distrito Metropolitano. Con un sol fatal en las primeras horas de la mañana. Escucho a lo lejos un silbo familiar y paro en seco en la puerta del Complejo Judicial Norte, era mi excompañero del colegio Cristian Toro. Después de darnos la mano y abrazarnos. Me dice que debe retirar unos documentos del Centro de Mediación y llevarlos a su trabajo para que le descuenten del rol de pagos la pensión de alimentos.
A pesar de los años, el “Torito” sigue siendo ese muchacho de 17 años, con tez morena, ojos verdes y con esa risa contagiosa. Ahora ya le asoman algunas canas en el cabello y las barbas. Cristian es padre de una niña de siete y un niño de cinco. Trabaja como funcionario público desde hace ocho años.
En medio de los apuros, el ruido de la ciudad, los vendedores voceando y los murmullos entre abogados con sus clientes en la puerta del Complejo, me comenta que durante dos años deposita el dinero correspondiente para sus hijos a través de su número del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), pero ahora quería que le descuenten directo de la institución donde labora.
Yo también con algunas canas y con mis ojeras cafés oscuras que se esconden detrás de mis gafas, le comenté que me divorcié y que estoy dentro de los 888.574 deudores de pensiones de alimentos a nivel nacional. Cris, mientras me abraza, dice: “es para nuestros hijos. Hay que cumplir hermano”.
Ingresamos al Complejo Judicial, después de pasar los protocolos de seguridad, me comenta que los deudores de pensiones están divididos entre alimentantes con 887.818 y 756 obligado subsidiario. Le pongo una cara de ¿cómo sabes eso?
“Desde el divorcio soy un especialista del SUPA”. Nos reímos mientras subimos al ascensor.
Como Cristian, también me descuentan del Rol de Pago, tras un acuerdo que llegué con la madre de mi hijo a través del Centro de Mediación de la Función Judicial.
Recuerdo que antes del SUPA, las madres o padres debían hacer filas para cobrar la pensión de alimentos. La Función Judicial lo hacía de forma manual, se les entregaba, en el mejor de los casos, en cheque o en efectivo en un sobre cerrado. Un verdadero suplicio y una violación a los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso quedó en el pasado, ahora todo se lo trabaja por sistemas informáticos seguros.
Me siento en la sala de espera mientras Cristian hace su gestión en la oficina de Mediación. En las pantallas, el Consejo de la Judicatura informa que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) procesó de enero a noviembre de 2024 un total de 719.613.980 dólares. “Es mucho de dinero”. Dije para mis adentros.
Ese momento me entró la curiosidad, ingresé a la página de la Función Judicial (www.funcionjudicial.gob.ec) para también convertirme en un “especialista en SUPA”. Me enteré que hasta la fecha son 888.538 beneficiarias y beneficiarios, quienes cada mes reciben mensualmente el pago por pensión de alimentos. De ellos, a 881.480 se les acredita a las y los representantes legales y a 7.058 apoderados. También que el SUPA generó un total 6.542.350 transacciones durante el 2024.
Sale Cristian de una oficina con una sonrisa de alivio. Le abrazo nuevamente y le digo “amigo debo irme, me están esperando”. Nos despedimos con otro abrazo.
Desde el 28 de septiembre de 2015, es decir, hace más de nueve años, el Consejo de la Judicatura, a través del SUPA, garantizó que niñas, niños y adolescentes reciban de sus progenitores el dinero correspondiente a la pensión de alimentos.