Según mencionó, en los casos presentados se presume peculado y tráfico de influencias. “Ponemos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue el perjuicio que se la ha hecho al país”, añadió, en breves declaraciones a la prensa.
A inicios de este mes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó los informes de investigación a varios proyectos del Gobierno anterior: Poliducto Pascuales-Cuenca, Hidroeléctrica Toachi Pilatón, a las Escuelas del Milenio y Hospitales Públicos.
Alteración del presupuesto; cambios en partidas presupuestarias sin justificativos, inobservancia a disposiciones constitucionales y legales, son algunas de las presuntas inconsistencias encontradas en los informes de investigación.
Con respecto al proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca, según el informe, se evidenció una mala ejecución de los procesos administrativos contables por parte de Petroecuador, lo que generó, dicen, graves perjuicios a la empresa y al Estado ecuatoriano.
Explican que la Contraloría General del Estado (CGE) emitió informes con indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía inició investigaciones previas por los delitos de peculado, cohecho, lavado de activos, falsificación y uso de documento falso.
Cuestionan que el proyecto, hasta la fecha, no se ha entregado formalmente. Además, señalan, “ha superado en más del 100% el valor presupuestado y adolece de graves fallas técnicas, geológicas y de operación del ducto”. Por ejemplo, señalan que el servicio de fiscalización de la construcción, a cargo de la compañía Egis internacional, fue de USD $20’675.000,00 pero el precio total del servicio con reajustes de precios fue de USD $ 21’118.849,85.
Sobre el proyecto Hidroeléctrica Toachi Pilatón, el informe indica que la obra presenta supuestas irregularidades en las etapas de planificación, precontractual, selección, contractual y ejecución, además de la contratación con empresas internacionales bajo la modalidad de contratación directa y subdivisión de contratos para una misma obra.
Según el informe del CPCCS-T, se presume que el expresidente Rafael Correa, “como Ministro de Economía, cometió el delito de tráfico de influencias; y como Presidente de la República, permitió la terminación irregular de contratos”.
La investigación evidencia la presunción de complicidad de peculado del ex vicepresidente Jorge Glas, en calidad de Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Además, la Prefectura de Pichincha, “a través actos irregulares, logró que le cedan competencias para realizar la concesión sin tener los estudios completos y definitivos ni los informes técnicos, jurídicos y administrativos aprobados del Proyecto”.
El informe menciona como presuntos responsables del delito de peculado a: Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha; Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia; René Ramírez Gallegos y Héctor Espinel Chiriboga, exsecretarios de SENPLADES, Ramiro González, exrepresentante de la Prefectura de Pichincha; Iván Rodríguez Ramos, y Galo Alfredo Chiriboga, exministros de Energía y Minas; este último además como Fiscal General del Estado, Alecksey Mosquera Rodríguez, Teddy Valdivieso, y Esteban Albornoz Vintimilla, exministros de Electricidad y Energía Renovable; y a Fausto Ortiz de la Cadena, exministro de Economía.
Sobre las Escuelas del Milenio, el informe de investigación revela que los Decretos de Emergencia no justificados para la construcción de las Unidades Educativas del Milenio, causaron la desviación de fondos a través de contrataciones directas millonarias, con un incremento de costos en las construcciones que fluctuaron entre el 7.82% y el 102,53%.
Po último, sobre la construcción de Hospitales Públicos, mencionan que el expresidente Rafael Correa estaría presuntamente incurso en el delito de delincuencia organizada por la emisión del Decreto Ejecutivo No. 838, con el que permitió “contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta el 30% de su valor con la misma empresa, ocasionando enormes perjuicios al Estado”.
El informe aprobado detalla presuntas irregularidades cometidas dentro del sector de la Salud, específicamente en la alteración del presupuesto; cambios en partidas presupuestarias sin justificativos, y/o generación de nuevas; desviación del propósito técnico e inobservancia a disposiciones constitucionales y legales. (Ecuador Inmediato)