Era el 10 de octubre del 2019 y el estado de excepción regía en todo el país. Una semana antes había comenzado el paro en contra del Gobierno y las entidades de seguridad, como la Policía y Fuerzas Armadas, estaban en alerta máxima.
Un mensaje de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter anunció lo que parecía un ataque a la seguridad del Estado. Informó sobre la aprehensión de un grupo de 19 personas, la mayoría venezolana, quienes tenían “en su poder información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente”.
Tres meses después, la Fiscalía no encontró evidencias. El pasado 14 de enero, el juez Miguel Narváez confirmó la inocencia de los sospechosos y declaró que todos eran taxistas de aplicaciones móviles. Ese 10 de octubre habían estacionado sus autos en una gasolinera, frente a la Sala Protocolar del Aeropuerto Mariscal Sucre. Se reunieron allí, cuando “el estado de excepción anulaba los derechos de libre asociación”, dice la sentencia.
Hoy los extranjeros recuerdan los detalles de su arresto, pero prefieren no hablar del caso. “Tal vez fue un mal entendido, pero nos afectó mucho. Ahora nosotros queremos vivir en paz y cerrar ese tema. Personalmente hasta ahora no me recupero, veo un policía y empiezo a sudar y a temblar”, relata uno de los conductores, quien vive hace más de dos años en el país.
En la memoria de otro taxista están intactas las escenas de ese día. Recuerda que eran las 10:00 y que hacía calor. Jugaba cartas con otros conductores. En ese momento el avión presidencial aterrizaba con el vicepresidente Otto Sonnenholzner a bordo. Un grupo de policías se les acercaron y les ordenaron que pusieran las manos contra la pared.
“Nos tuvieron tres horas de rodillas. Con los brazos en alto. Nos revisaron todo, pero no encontraron nada”. Otro de los detenidos cuenta que la Policía los presentó ante los medios de comunicación como una peligrosa banda. “Dijeron estos son venezolanos y eso trajo más odio para nuestro pueblo”.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, dice que desde octubre han esperado las disculpas públicas de la Ministra de Gobierno. Detalla que a través de abogados pidieron a la embajada de su país su intervención para lograr un reconocimiento de que en este caso se cometió un error.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Iredh) indica que en este caso se violaron los derechos humanos y que el Estado promovió la xenofobia al exhibir la información de los extranjeros sin pruebas suficientes.
Ya desde las primeras horas de investigación, la Fiscalía detectó que en este caso no había suficientes evidencias. El parte policial mencionaba que en uno de los autos se halló una cámara digital que contenía fotografías “de días anteriores y diferentes ángulos” del avión presidencial y del ingreso a la Sala Protocolar de la terminal.
En diciembre, los policías que actuaron en el procedimiento fueron llamados a declarar en la Fiscalía. Afirmaron que nunca vieron el contenido de la cámara. El único que recordaba algo era un oficial, quien señaló que uno de los taxistas se puso nervioso al notar la presencia policial y que intentó borrar las imágenes.
El uniformado también dijo que le pareció sospechoso que varios vehículos particulares entraran y salieran desde la estación de gasolina. Agregó que un guardia del aeropuerto le dijo que esas personas se encontraban allí desde hace días.
Un empleado de la estación de combustibles declaró como testigo en la investigación. Afirmó que los taxistas ya parqueaban en ese sitio al menos tres meses antes del paro. Uno de los procesados explicó que si los autos entraban y salían era para buscar carreras.
De los 19 detenidos, 15 recuperaron su libertad en menos de 24 horas desde la aprehensión. Los otros cuatro fueron imputados por supuesta asociación ilícita, pero el 6 de enero la Fiscalía no presentó acusación porque no halló pruebas y un juez ordenó que se levantaran todas las medidas legales en su contra. Ellos tenían prohibido salir del país y se les decomisaron sus celulares.
Este Diario pidió un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno sobre este caso, pero no hubo respuesta. Durante el paro, la Fiscalía informó que 312 personas fueron procesadas por 17 tipos de delitos, entre estos los incendios al edificio de la Contraloría General y a Teleamazonas.
En ambos expedientes, los fiscales han cambiado los cargos por falta de evidencias. El expediente de la Contraloría empezó como terrorismo, hoy se indaga paralización de servicio público. El caso de Teleamazonas pasó de terrorismo a daño a bien ajeno. (El Comercio)