Un nuevo escándalo involucra a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Desde la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional se estarían interceptando, sin autorización judicial, comunicaciones de políticos de oposición y periodistas.
Para estas operaciones se habrían adquirido costosos equipos a la compañía IOTT & Cobwers de Israel, a través de la empresa Macrotech Cía. Ltda Ecuador, dedicada a la importación de equipos para “inteligencia de comunicaciones y señales, guerra electrónica, inteligencia cibernética e inteligencia web y artificial”.
La plataforma utilizada sería Trapdoor, un sistema indetectable de inteligencia web que no deja rastro, y que proporciona información y objetivos de manera instantánea, a través de macro datos o big data.
Con este sistema se estarían interceptando comunicaciones electrónicas y telefónicas, de manera ilegal.
A cargo de las operaciones estaría el mayor de Policía, Edison Gabriel Ramos Bermeo, de la Dirección General de Inteligencia (DGI-DIREC-GO-MT), quien habría viajado a Israel y a Chipre con otros uniformados para capacitarse en el manejo del sistema.
El pasado 02 de septiembre, el asambleísta Roberto Gómez remitió a la ministra de Gobierno dos pedidos de información sobre este caso.
Pidió que se explique el uso de equipos, servicios o plataformas G 12 Impact, Verint Web Inteligence y Trapdoor, y si tienen relación con Alfredo Larrañaga, Gabriel Guidalevich y Mauricio Bechan.
También solicitó que se expliquen cuáles fueron las funciones asignadas al capitán Gabriel Ramos (mayor desde febrero de este año) desde octubre de 2019 y qué servidores policiales viajaron a Israel y Chipre, en ese mismo año.
Gómez exige a Romo que se conozca la verdad sobre estas operaciones ilegales y espera que las autoridades judiciales procesen penalmente a los responsables.
El asambleísta pondrá una denuncia ante la Fiscalía y solicitará que se realice una auditoría a los equipos de intercepción de la Policía para determinar los casos en los que no hubo autorización judicial.
Las operaciones ilegales se estarían realizando desde el año pasado, aunque la ministra de Gobierno negó públicamente en una rueda de prensa hace pocos meses.
Esta denuncia constituirá un nuevo elemento para reactivar un posible juicio político en la Asamblea Nacional en contra de María Paula Romo, quien también ha sido señalada como la responsable política del gobierno sobre el reparto de hospitales.
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