Las familias de los seis presos que murieron en la cárcel de Turi, en Cuenca, están seguras de que ellos no cometieron un suicidio colectivo. Las primeras evidencias apuntan a un crimen.
Los agentes de Medicina Legal encontraron que las víctimas tenían marcas de ahorcadura, que no corresponden a un suicidio. Las señales en sus cuerpos manifiestan que alguien los estranguló y por eso sus cuellos tienen surcos que empiezan en la parte frontal y se cierran completamente en la nuca.
“Debieron acorralarlo entre algunos, porque él me había jurado que el día en que intenten matarlo se llevaría (asesinaría) a uno”, dijo la esposa de uno de los fallecidos.
Ahora, la Fiscalía y la Policía rastrean las motivaciones que están detrás de estos hechos. Los investigadores indican que en la cárcel de Turi operaban tres bandas organizadas. Cada una está liderada por alias ‘Pipo’, alias ‘Negro Holmer’ y alias ‘Junior’.
Los investigadores dicen que los tres cabecillas se habrían unido, en un principio, para operar junto con Los Choneros, que es la organización delictiva más grande del país y que, según la Policía, tendría el control de todas las cárceles.
Sin embargo, agentes indican que estas alianzas se rompieron y que ahora hay una reconfiguración de los principales cabecillas. “Cada uno controla un tipo de negocio criminal y son fuertes en su área”. ‘Negro Holmer’, por ejemplo, es sospechoso de liderar una red de robo de personas, uso ilegal de suelo y minería ilegal. Su organización estaría asentada en El Oro y Azuay y conformada por ecuatorianos, venezolanos y colombianos.
Alias ‘Junior, en cambio, controlaría las redes de tráfico de drogas y sicariato en el cantón El Triunfo, en Guayas. Sobre ‘Pipo’, los agentes conocen que dirige el tráfico de drogas y robos en Pastaza.
Tras las seis muertes también se indagan redes de extorsión que operarían desde Turi. “Una línea de investigación que seguimos es que los seis presos muertos extorsionaban a otros compañeros y sus familias, y la comunidad carcelaria se cansó y actuó contra ellos”, sostienen los agentes.
Extorsión en Manabí
El pasado 27 de enero, la Fiscalía de El Carmen en Manabí presentó cargos en contra de Adilson L., uno de los seis muertos en Turi. Según la entidad, desde esa cárcel él había contactado a una persona en Manabí, a quien exigía dinero a cambio de no atentar contra su vida.
Antes de ingresar a ese centro en Azuay, él estuvo preso en la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, en donde Los Choneros ejercen el control.
Un parte policial indica que el 20 de octubre del 2019, el interno se fugó del lugar, pero fue recapturado y enviado a Cuenca, para que completara su sentencia de 13 años por un asesinato.
Sobre los seis muertos también se indaga si formaban parte de una red que introducía artículos prohibidos al centro penitenciario.
Jorge C., otro de los fallecidos, tenía una ‘caleta’ en su celda. Así consta en un parte policial del 2 de agosto del 2017. En el documento, los uniformados indican que hallaron ocultos en la pared, un celular y 2,1 kilos de cocaína.
Jorge C. cumplía una sentencia de 29 años por violación. En el 2014 estuvo privado de la libertad en la cárcel de Cotopaxi, en donde el líder de Los Choneros, conocido como alias ‘JL’ o ‘Rasquiña’, ejerce el control.
Ayer 21 de febrero del 2020, los familiares de los seis presos ahorcados acudieron al Centro Forense de Cuenca para retirar los cuerpos. Los allegados dijeron que detrás de estas muertes “está una peligrosa banda” delictiva.
Según el fiscal Leonardo Amoroso, nunca antes se habían encontrado seis hombres ahorcados en la cárcel de Turi. “Por las características presentadas hay la presunción de que no se trate de un suicidio”. Dijo que la investigación es complicada, porque hay silencio absoluto entre los compañeros de celda y los que habrían presenciado los hechos. “No han aportado con información porque temen ser víctimas de esa situación”, agregó el fiscal.
El agente espera que en las próximas horas, Medicina Legal concluya los protocolos de autopsia y remita los documentos a la Fiscalía. Luego, el investigador revisará las cámaras de seguridad de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad.
Aunque solo 56 de los 125 equipos de seguridad del centro penitenciario funcionan. Las demás cámaras no han sido reparadas tras la destrucción causada en el amotinamiento registrado el 1 de septiembre pasado. Entonces, tras estos hechos de violencia apareció ahorcado un privado de libertad.
El jueves, Criminalística recogió evidencias de las celdas. Por ejemplo, como parte de la cadena de custodia ingresaron prendas, celulares y huellas dactilares. (El Comercio)